Por Alfonso Morales Castorena
POR FIN las autoridades municipales parecieron salir de su zona de confort y de la modorra que les había caracterizado desde que se instalaron en sus respectivos encargos y el sábado pasado, sin decir agua va, instrumentaron aparatoso operativo de supervisión, vigilancia y seguridad, en la cabecera municipal, enfocadas a corroborar la explotación apegada a derecho de bares, cantinas y antros.
PARA LOS “quejumbrosos comerciantes” del andador peatonal de la calle Centenario, como los ha llamado reiteradamente el director de Control Reglamentario Municipal, José Roberto Delgado González, fue una sorpresa y la novedad de fin de semana para aquellos que concluyen actividades cerca de la medianoche, que siguieron la revisión a que se sujetó el antro Punto y Coma y por lo bajo musitaron “vaya, parece que por fin nos hicieron caso”.
LA NEGOCIACIÓN que regentea la comerciante Edith Cristina de Lara Martínez fue objeto de multa administrativa equivalente en lo económico a 30 días de salario mínimo, como consecuencia de la atención que se dispensaba a varios menores de edad, a quienes servían bebidas alcohólicas y el exceso de ruido que prevalecía en el lugar a deshoras de la noche, como lo afirmó el director de Gobernación Municipal, Omar Williams López Ovalle.
PARA LOS comerciantes establecidos en el entorno de la emborrachaduría, que opera como cantina bajo el amparo de una licencia reglamentada expedida a Jesús Serna Esparza, bajo el rubro de “restaurant-bar”, propietario de la finca de tres planas donde está asentada la negociación, solo es la respuesta que anhelaban desde hace tiempo y ahora esperan que los actos de corrupción que imperan en Control Reglamentario y Regulación Sanitaria no vayan a obstaculizar la continuidad de los operativos, que sean frecuentes y que, como consecuencia, la tranquilidad mercantil vuelva a imperar en esa zona del Centro Histórico.
EN AÑOS anteriores, de acuerdo a la opinión de una de las diseñadoras y vendedoras de ropa para dama, propietaria del inmueble de dos pisos en el que radicaba y explotaba su profesión, las autoridades jamás hicieron caso a sus reclamos y denuncias para cuando menos “llamarle la atención a la dueña del antro”.
LA FRECUENCIA de escándalos, ruido musical incesante día y noche, las riñas callejeras y la presencia constante de ebrios en el andador hicieron que se mudara, con su esposo e hijos, a otro sector de la comunidad, a habitar en una finca rentada, a abandonar la comodidad de su hogar y a dejar el primer piso de su domicilio como punto de venta; porque las autoridades de la administración pasada y de la que preside Francisco Javier Luévano Núñez jamás atendieron sus denuncias para que cuando menos llamaran al orden a la mujer.
NUESTRA INTERLOCUTORA, cuya identidad obra en nuestro poder, terminó diciéndonos: “Varios de nuestros amigos comerciantes hicieron lo mismo que yo, dejar sus propiedades habilitadas como su fuente de sus ingresos para radicarse en otro sitio, lejos de este lugar, porque aquí en el andador Centenario ya era imposible vivir”.
PERO COMO respuesta a la incursión oficial, la dueña del bar, como lo hace cada semana, dispuso ayer en la mañana del abasto de 20 cartones de cerveza a la distribuidora de la espumeante bebida, que le fueron entregados en la negociación a la vista de los “quejumbrosos comerciantes establecidos a su alrededor”.
SOBRE EL particular, el director de Gobernación Municipal, Omar Williams López Ovalle, nos informó que se mantendrá una vigilancia estrecha en torno a la negociación y se exigirá a su propietaria, o a la persona que se encuentre al frente de la emborrachaduría, la regularización del giro que explota para que opere en forma legal, porque, de lo contrario, si no acata las medidas del caso y las que asumirá la autoridad para llamarla al orden, puede derivar en la clausura definitiva del negocio.
EL FUNCIONARIO municipal detalló enseguida que el saldo del operativo de seguridad y vigilancia del pasado fin de semana dejó como saldo dos personas detenidas por portar armas blancas, un adolescente consignado a las autoridades federales por posesión de una dosis de “crystal” y la elaboración de tres sanciones administrativas bajo el mismo concepto: permitir el acceso a menores de edad, ya incluida la formulada a la cantina Punto y Coma.
Y A MANERA de anécdota López Ovalle comentó que de paso se localizó una yegüa cuya desaparición su dueña había denunciado como obra de los cuatreros, pero que en realidad el animal, al verse sin rienda, trotó libremente a predios cercanos y en uno de ellos fue encontrada y devuelta a su propietaria, descartándose la incursión de los abigeos en la comunidad, “sí los hay, pero hasta ahora no nos han dado lata”, dijo el funcionario municipal. Falta saber si la risible multa, pues la maloliente emborrachaduría ameritaba clausura por vender alcohol a menores de edad y por el infernal ruido, no sea una faramalla de las autoridades, pues ya están hasta el gorro de las promesas no cumplidas del alcalde Javier Luévano, “un corrupto aprendiz de político que se irá de la presidencia bien forrado de dinero mal habido”, tronaron los vecinos del lugar.