“Negligencia Sistemática Deja en el Desamparo a las Víctimas”
Por Benny Díaz
Maricela Sánchez Muñoz
“La problemática de la violencia contra las mujeres ha sido, durante mucho tiempo, un tema urgente y alarmante en nuestra sociedad. Esta violencia no sólo ocurre en el ámbito interpersonal o familiar, sino que también está profundamente arraigada en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas”, afirmó Maricela Sánchez Muñoz, activista y defensora de Derechos Humanos.
Las denuncias de mujeres violentadas rara vez son escuchadas con la seriedad que merecen y, peor aún, disminuye cada vez más el número de casos en los que se hace justicia.
“Cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a aquellas actitudes, procedimientos y acciones, o la falta de ellas, por parte de organismos públicos o privados que terminan vulnerando derechos o dejándolos desprotegidos.
En el caso de la violencia contra las mujeres, esta forma de violencia se mani fiesta cuando las autoridades –policía y ministerios públicos– no toman en serio las denuncias, revictimizan a las mujeres o simplemente archivan expedientes sin seguimiento.
Esta negligencia sistemática crea un ambiente donde las mujeres se sienten desamparadas, lo que reduce su confianza en acudir a denunciar y, por ende, perpetúa el círculo de violencia”.
Una de las críticas más contundentes que plantea Sánchez Muñoz es que en el proceso judicial se brindan mayores oportunidades de defensa a los agresores que a las propias víctimas, “esto resulta no solo injusto, sino también peligroso, pues la balanza legal se inclina a favor del perpetrador, dejando a la víctima en una posición de vulnerabilidad extrema.
“La lentitud en los procesos, la falta de perspectiva de género y la ausencia de protocolos claros para tratar estos casos agravan esta situación. Es común que las mujeres abandonen sus denuncias ante la desilusión y el cansancio frente a un sistema que parece estar diseñado para proteger al agresor”.
El fenómeno de la violencia institucional tiene repercusiones que van más allá de cada caso individual: “Cuando una sociedad permite que sus instituciones fallen en proteger a las mujeres, se envía un mensaje claro: la violencia es tolerada e incluso avalada por quienes deberían garantizar la justicia.
Esto no sólo afecta la seguridad física y emocional de las mujeres, sino también su salud mental y su participación activa en la vida social, política y económica.
“Por otro lado, la falta de respuesta adecuada alimenta la impunidad y contribuye a la normalización de la violencia de género, dificultando los avances hacia la igualdad real”.
Para erradicar la violencia institucional, se necesitan cambios profundos y estructurales en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres, planteó.
“Es imprescindible implementar capacitaciones obligatorias sobre perspectiva de género para todo el personal involucrado en atención, investigación y sanción de casos de violencia contra las mujeres.
“También se requiere establecer mecanismos efectivos de seguimiento a las denuncias para asegurar que ninguna quede sin respuesta.
Además, promover la creación de espacios seguros donde las víctimas puedan recibir apoyo integral –legal, psicológico y social– es fundamental. Sólo con un compromiso firme y sostenido, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, podremos transformar estas instituciones y dar la justicia que las mujeres merecen”.