Se Aprobó Prácticamente de Cara a las Elecciones del 2024
Por Benny Díaz
Laura Patricia Ponce Luna (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
Con la aprobación de la ley 3 de 3 en Aguascalientes, en donde lo que más se destaca es la sanción a aquellas personas que son deudores alimentarios, pero “también es para inhibir actos de corrupción en el servicio público”, resaltó la diputada Laura Patricia Ponce Luna.
Dicha ley se aprobó prácticamente de cara a las elecciones del 2024, para parar las aspiraciones de algunos que buscan un puesto de elección popular, pero también es una realidad que hay injusticia porque hay varios que han ocupado cargos públicos, incluso diputados, que se han desentendido de hijos que tienen tanto en matrimonio como fuera de él, cuando deciden separarse de la mujer con la que en algún momento tuvieron una relación sentimental y fruto de ello hubo uno o varios hijos.
Ponce Luna, legisladora de Jesús María, destacó que esta reforma pretende también que los mejores perfiles ocupen los diversos cargos en la administración pública, en beneficio de las y los gobernados.
Esta ley rompe el paradigma no sólo de violencia 3 de 3 contra las mujeres, en una integralidad, vela por el interés superior de la niñez, el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable, cuyos principios y directrices rigen la actuación de los servidores públicos.
A esta iniciativa se sumaron 12 diputadas y diputados con el propósito de “tener un marco legal que propicie gobiernos de calidad, transparentes y con valores”.
De esta manera habrá una certeza en la ciudadanía que aquellos que sean electos para ocupar un cargo, realicen bien su trabajo y sirvan a la ciudadanía que los elige.
Aunque se ha difundido esta ley hablando sólo de hombres, no es así, como hay equidad de género y las mujeres buscan y luchan por la equidad, 3 de 3 aplica también para mujeres y es así que “aquellas personas que hayan sido sentenciadas o sentenciados por ser deudoras u deudores alimentarios o por hechos de violencia, una vez que hayan cumplido el plazo de sus sentencias, tendrán el derecho a ser elegibles para los diversos cargos de la administración pública”.
