Aguascalientes, Ags., a 29 de agosto de 2019
Al C. Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Al C. Fiscal General de la República, Doctor Alejandro Gertz Manero
A los C. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al C. Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero
A la Opinión Pública
En abierto desafío a la legalidad y la justicia, políticos corruptos de la peor calaña del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, coludidos con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal, siguen utilizando recursos ilegales para intentar asesinar a tres periódicos de Aguascalientes y Zacatecas: TRIBUNA LIBRE y Página 24, todos creación y propiedad única del periodista Ramiro Luévano López.
Como es ya del conocimiento público, el pasado 8 de julio, en un procedimiento plagado de irregularidades, agentes federales encabezados por José Rogelio Mandujano Aguilar, quien se identificó con una credencial vencida de la PGR, catearon y aseguraron las instalaciones de nuestras publicaciones, situadas en las calles Ignacio Zaragoza 205 y Jesús Reyes Heroles 318 en la ciudad de Aguascalientes, y colocaron sellos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República.
Además de las ilegalidades cometidas en esa actuación, a la fecha se ignora el contenido de las acusaciones por parte de la autoridad federal, ya que en flagrante violación al elemental derecho de defensa, Ramiro Luévano López nunca ha sido citado a declarar ni se le ha permitido conocer ni la orden de cateo ni los documentos de la que supuestamente emana dicha orden.
Sin embargo, los conocidos delincuentes de cuello blanco, Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, se jactan de ser los acusantes por el inexistente delito de usar la marca y cabezal “TRIBUNA LIBRE”, y el primero anunció públicamente en el programa radiofónico de José Luis “La Víbora” Morales, que exige regalías millonarias.
Como se recordará, Ramiro Luévano funda y publica ininterrumpidamente TRIBUNA LIBRE desde 1983, y en 2001 los registra en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Secretaría de Gobernación. Años después el conocido abogado Baudelio Hernández Domínguez, contratado por el entonces subsecretario de Gobernación Felipe González González, la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), presentando periódicos y documentos falsificados y en 2008 “cedió” los derechos a Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, a través de una sociedad de membrete llamada Agencia Noticiosa del Centro (ANC). Para tan aberrante y criminal acción, se prestó el abogado Arturo G. Orenday González, Notario Público Número 18 de Aguascalientes, quien “casualmente” es cuñado de Rodolfo Franco.
Estos pillos, Rodolfo Franco y Ma. del Refugio Martínez, que desde 2008 alardean ser los dueños de “TRIBUNA LIBRE”, es claro que fueron contratados por del nefasto exgobernador panista Felipe González y que también han sido alentados y cobijados por el manto de la impunidad por el ex gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre y el siniestro Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, exprocurador de Aguascalientes y exsubprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, tanto de la PGR como de la FGR.
Lo anterior lo hemos denunciado puntualmente a lo largo de los años tanto en TRIBUNA LIBRE como en Página 24, y recientemente, medios de información y periodistas libres han hecho eco de la brutal embestida que enfrentamos: El Universal, Julio Hernández López “Astillero”, Reforma, Proceso, Francisco Rodríguez y Sin Censura con Vicente Serrano.
Pero además de que nos clausuraron nuestros sitios de trabajo, poniendo en peligro el trabajo de decenas de periodistas, empleados y prensistas de TRIBUNA LIBRE y Página 24 y la existencia misma de nuestras publicaciones, ahora tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes, han entorpecido hasta la ignominia el derecho de defensa de Ramiro Luévano López, lo cual sólo puede interpretarse como una asquerosa colusión con Felipe González, Felipe Muñoz Vázquez y Carlos Lozano para dilatar con chicanadas jurídicas su intento de desaparecer los periódicos que han denunciado puntualmente sus corruptelas y crímenes desde el poder impune.
Nos remitimos a los hechos: luego de que fueran clausuradas nuestras instalaciones la fatídica madrugada del lunes 8 de julio, ante el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes interpusimos sendos juicios de amparos para recuperarlas, contra actos principalmente de la UEIDAPPI, de la FGR, y del Juez Cuarto de Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México.
Sin embargo, a pesar de que estas autoridades están obligadas a rendir cuentas de su actuación ante esta instancia, increíblemente se han rehusado a presentar los informes previos y justificados en las acciones contra Ramiro Luévano López, incluso cuando pende sobre ellos apercibimientos del Juzgado Primero de Distrito.
La más que sospechosa negativa de las autoridades a rendir su informe previo no sólo ha retrasado el procedimiento sino que deja en total estado de indefensión a Ramiro Luévano López, pues a la fecha, insistimos, desconoce el contenido de la supuesta averiguación previa y no existe forma de comparecer a ella para defenderse de tan abominable y criminal acción al margen de la ley.
Nos detenemos en este punto: Han pasado más de 50 días del aseguramiento contra TRIBUNA LIBRE y Página 24 ¡y hasta el momento se ignora la acusación formal y en qué está fundamentada! ¡¿En qué clase de país vivimos?! ¡¿Cómo puede defenderse Ramiro Luévano López ante esta horripilante “omisión”?! ¡¿Dónde está el Estado de Derecho?!
Pero hay más: al celebrarse el lunes 26 de agosto la audiencia incidental dentro del expediente 1094/2019-VI, se negó la suspensión cuyos efectos serían el levantamiento de los sellos con que la autoridad responsable clausuró la importante fuente de trabajo, esto no obstante que se afirma en el propio acuerdo que está probada la propiedad y la posesión de dichos inmuebles, que se tiene acreditada la ejecución de la orden de aseguramiento y que la UEIDAPPI, a cargo de Ricardo Cruz Santiago, fue omisa en rendir los informes que le pidió el Juez Federal Jaime Páez Díaz.
Además, en el colmo de la ineptitud, o mejor dicho, de la impudicia, en el expediente no obra ni siquiera el acuse del oficio en que se le hubiera notificado al Juez Cuarto de Control, por lo que la audiencia se difirió en cuanto a él.
Por cierto, el Juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, se encuentra ausente porque “está en comisión” y esta resolución incidental fue fabricada por el Encargado de Despacho, Secretario Alfredo Vargas Alvarado; por lo que Jaime Páez está, literalmente, “lavándose las manos” para evitar estar acorde a lo que la ley le mandata: proteger los derechos humanos ante las arbitrariedades de la autoridad.
¿Qué objetivo se persigue al extender lo más posible la clausura de las instalaciones de TRIBUNA LIBRE y Página 24? ¿Por qué las autoridades se niegan con alarmante cinismo a explicar su actuación contraria a lo que indica el debido proceso?
Respondemos sin asomo de duda: se pretende que a toda costa no se vuelvan a publicar más TRIBUNA LIBRE y Página 24. Quieren arruinar a Ramiro Luévano López. Quieren acallar una voz crítica que desde 1983 ha pugnado por la democracia y la justicia en el país. Por lo anterior, Presidente de la República, Fiscal General de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Secretaria de Gobernación, ante ustedes y la opinión pública acusamos: se está atentando flagrantemente contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información; se pretende literalmente asesinar a tres periódicos independientes y de ideología de izquierda. ¿Van a permitir que se siga mangoneando descaradamente el sistema de justicia para fines aviesos? ¿Van a permitir que, como en tiempos del dictador Porfirio Díaz, se pisoteen nuestra Carta Magna y las libertades de expresión y de prensa?
Reiteramos: no es una simple “disputa judicial” por una marca comercial. Se trata de un plan orquestado desde la década pasada por el corrupto impune Felipe González González, en venganza enfermiza en contra de TRIBUNA LIBRE y Página 24 por haber denunciado su criminal desempeño como gobernador, subsecretario de Gobernación y senador, para el cual utiliza a los conocidos delincuentes Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, y que tiene como aliados al exmandatario y exsenador Carlos Lozano de la Torre y al torturador y extorsionador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
No pedimos que se actúe por consigna a nuestro favor, sólo que no se permita más que la mano corruptora de Felipe González y sus compinches siga viciando las instituciones de justicia de nuestro país. Nosotros sabremos defendernos y recuperar lo que por ley nos corresponde: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”: Benito Juárez García – Andrés Manuel López Obrador.
Protestamos lo Necesario
Ramiro Luévano López
Arlette Luévano Díaz
Alain Luévano Díaz
