Por Monserrat Vázquez
Andrés Manuel López Obrador: oportunidad de ampliar y fortalecer los derechos humanos (Foto: Archivo/Galo Cañas/Cuartoscuro)
HACE AÑOS inició la consolidación democrática de las instituciones públicas en México, que fue la que permitió la alternancia desde el año 2000 y en 2018 el cambio de régimen político. Desde 1997 comienza el proceso de las instituciones hacia su autonomía, la apertura del sistema político, las reformas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), los modelos de comunicación política y la fundamental Reforma Humanista a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ocurrida en 2011. Esta reforma es un parteaguas en el derecho constitucional mexicano, pues entre otras cosas reconoce el concepto de la dignidad humana inherente al ciudadano que antecede incluso al derecho positivo, y el principio de pro personae en el quehacer jurídico, siempre apegado a los tratados internacionales.
DE ESTA reforma emana la concepción del Estado como garante de los derechos humanos estipulados en la Carta Magna. Es histórica, pues gracias a ella las sentencias y jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte en su quehacer de impartición de justicia y protección a la Constitución ha definido una ruta humana, progresista y protectora de diversos grupos vulnerables y por otro lado, ha constituido modificaciones históricas en la LEGIPE donde en un suceso trascendental, hay paridad de género en la conformación de los congresos durante la pasada elección de 2018. El Estado Mexicano erigido como un régimen democrático, no solamente tiene la función de emitir mecanismos de regulación y limitarse únicamente a hacerlos cumplir, sino que también tiene un papel crucial en la promoción de los derechos humanos, civiles, electorales y políticos de las personas, porque en ellos descansa la dignidad de cada uno de nosotros.
INCLUSO EL Tribunal Electoral ha emitido sentencias y jurisprudencias en materia de derechos político-electorales apegándose al principio de progresividad y prevalencia de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Uno de los dictámenes fundamentales de aquella reforma, fue el realizado en los artículos 97 y 102 donde se dota a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la atribución de interponer acciones de inconstitucionalidad contra las normas que pongan en peligro los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
AHORA BIEN, si pensamos en la garantía de los derechos humanos como la capacidad máxima jurídica del Estado mexicano, entonces debemos evitar caer en ejercicios de tolerancia, que recurren a la magnanimidad moral de la sociedad, como es el caso de las consultas ciudadanas. Reconozco que es sumamente encomiable dotar a la ciudadanía de mecanismos directos de participación como las consultas que ha estado llevando a cabo el presidente López Obrador, pero el argumento del presidente durante todos los años en los que fue opositor, yace en el lema “primero los pobres”. Primero los grupos vulnerables, primero los grupos históricamente excluidos y marginados, primero los más desprotegidos; y esta restructuración social que pretende el nuevo régimen necesariamente acude a una problemática de clases en México que ha existido desde antes de la conformación del Estado Mexicano y la dificultad de estos grupos de tener mecanismos de acceso a la justicia. Mientras los ciudadanos con posición privilegiada han comenzado a cuestionar su privilegio y darse cuenta de que en realidad sí existen dos Méxicos, el México próspero, el de las oportunidades y la riqueza económica y cultural, y por otro lado existe el México bárbaro, el violento, el descomunalmente pobre, el desplazado, el indígena, el homosexual, el desprotegido, el México que no es sujeto de derecho.
LA REFORMA humanista ocurrió hace casi ocho años, pero es evidente que no fue una prioridad durante los últimos años del gobierno de Calderón y en mucho menor medida para el de Peña Nieto. López Obrador tiene una oportunidad única y trascendental si es su afán ser recordado como un buen presidente, si recurre al ejercicio republicano de división de poderes y al reconocimiento de un Estado de Derecho y una Constitución humanista, y actuar en consecuencia. De esta manera, no sería necesario llevar a cabo consultas ciudadanas sobre derechos que ya están reconocidos en la Constitución, sino más bien sería necesario dotar a las instituciones electorales de los instrumentos legales necesarios para integrar el referéndum y conceder un carácter legal y vinculante para temas de interés nacional en los ejercicios de democracia participativa.
LA COYUNTURA actual de nuestro país representa el mejor momento para que el gobierno mexicano reconozca, otorgue, proteja y garantice los derechos humanos de las y los mexicanos.
