Manuel Alonso García (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
Ahí le Hablan Fiscal
Y NO ES para la foto, esas que tanto le encantan, porque aparece en prácticamente todos los eventos a los que lo invitan.
MANUEL ALONSO García confunde la procuración de justicia con la gestión de relaciones públicas, si alguien pensaba que el cargo requería la rigurosidad de ser el abogado del estado o la profundidad de un estudioso del derecho procesal, estábamos equivocados, al parecer, el perfil que se buscaba era más cercano al de una “reina de la feria”.
LAS VÍCTIMAS de tortura, esas que Alonso García ha decidido ignorar quien sabe si por “miedo” o “respeto” a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, alzaron la voz una vez más.
MARICELA SÁNCHEZ señala la hipocresía de una Fiscalía que se toma la foto en campañas contra la tortura, mientras ignora el informe de la ONU-DH, y es que como dijera Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta” y el fiscal sigue ocupadísimo en la extenuante agenda de… asistir a todo.
NO HAY corte de listón, primera piedra o pasarela burocrática, como por ejemplo entregar a niños en adopción, en la que no busque brillar. Llega con la gracia de quien debe lucir el atuendo, descuidando “el pequeño detalle” de que su oficina debería servir para impartir justicia.
ES UNA burla cruel que, mientras el informe Hasta Perder el Sentido duerme el sueño de los justos en los cajones de su oficina, la fiscalía pretenda darnos lecciones de ética en campañas publicitarias.
A MANUEL Alonso García hay que recordarle que no fue electo para ser el “invitado de honor” perpetuo de la clase política, sino para ser el guardián de la ley.
VER LA fiscalía convertida en un ente superfluo, más preocupado por el glamour institucional que por la eficiencia operativa, deja muy mal parada a la justicia, resulta patético que brille más el flash de las cámaras en los eventos que el intelecto jurídico en las resoluciones de casos de tortura.
FISCAL, DEJE de andar de “reina de primavera” o la “flor más bella del ejido”, como guste, y póngase a trabajar.
EL CARGO le exige ser el brazo fuerte del Estado contra el crimen, no el centro de mesa de la próxima recepción.
MENOS BRILLO en sociedad y más luz en los expedientes, aunque luego salga a dar sus cifras alegres de que ya avanzaron en el rezago, pero a lo de la tortura nomás no le entra y las víctimas de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y sus secuaces se preguntan por qué su inacción, porque para sonreír ya tenemos a los que aspiran a ser candidatos, de usted lo que espera y exige, aunque sea de vez en cuando, es justicia. (BDR).
Piden que Autoridades Protejan a Menores de Edad Presentes en Detenciones, Cateos o Investigaciones
LA DIPUTADA Gissel Santander Soto (Morena) propuso reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para que toda actuación de las autoridades ministeriales, policiales o judiciales, en la que se identifique la presencia de niñas, niños o adolescentes, deberá observar de manera obligatoria el principio de interés superior de la niñez, y adoptar medidas para garantizar su integridad física, psicológica y emocional.
LA INICIATIVA, que plantea cambios a los artículos 10 y 132, así como la adición de un artículo 266 Bis, establece que serán obligaciones de los policías: identificar de forma inmediata la presencia de un menor en el lugar de los hechos o en la ejecución de una detención y minimizar el uso de fuerza, visibilidad de armas o tácticas intimidatorias.
ASIMISMO, PROCURAR que la detención se realice fuera del campo visual del menor, siempre que sea posible sin poner en riesgo el operativo; evitar la separación de su figura cuidadora, salvo riesgo real e inminente para su integridad, y solicitar la intervención inmediata de servicios de protección y asistencia cuando el infante resulte afectado o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
SEÑALA QUE cuando se identifique la presencia de un menor, la autoridad deberá asegurar su resguardo en un espacio seguro y libre de violencia, evitar exponerles al uso de fuerza, armas o lenguaje intimidatorio; realizar la detención sin contacto visual directo del menor con el detenido, garantizar atención psicológica inmediata en caso de afectación emocional y permitir la permanencia del menor con su figura cuidadora o tutor.
EL DOCUMENTO argumenta que en México persiste un vacío operativo y procesal sobre la actuación de las autoridades durante detenciones, cateos y actos de investigación cuando en el lugar se encuentran menores, lo que provoca que miles de infantes sean expuestos de manera directa a escenas de violencia institucional, uso de armas, forcejeos, gritos, irrupciones domiciliarias y detenciones de familiares, sin mecanismos inmediatos de protección emocional o resguardo físico.
DE ACUERDO con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la exposición reiterada de niñas y niños a eventos traumáticos vinculados con violencia institucional puede producir afectaciones severas como ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y desconfianza hacia las instituciones públicas, indica.
EN MÉXICO, agrega, organizaciones de la sociedad civil han documentado múltiples casos de niñas y niños presentes durante operativos policiales o detenciones sin protocolos adecuados de protección. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha advertido que las actuaciones policiales en contextos familiares continúan realizándose sin perspectiva de infancia, aun cuando este grupo es considerado de especial vulnerabilidad.
POR ELLO, con la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se busca fortalecer la profesionalización policial, armonizar el sistema penal mexicano con estándares internacionales de derechos humanos y contribuir a consolidar un modelo de justicia penal más humanista, preventiva y respetuosa de la dignidad de la niñez. (Cámara de Diputados).