“Serán Castigados por el Tribunal Disciplinario”, Asevera
Por Benny Díaz

Marvin Alfredo Gómez Ruiz en rueda de prensa junto a Samanta Aguilar, presidenta de MEMAC y la abogada María Elena Romo (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
El panorama legal y fiscal para este año es difícil, sobre todo porque debido a que las personas juzgadoras fueron puestos más por “intereses políticos” que por los votos de la gente, “es muy difícil que cuando un empresario interponga una demanda por cualquier situación fiscal fallen a su favor, porque las consecuencias es que pueden perder el puesto”, declaró en conferencia de prensa organizada por la asociación Mujeres Empresarias Mexicanas (MEMAC), el abogado especializado en materia legal y tributaria Marvin Alfredo Gómez Ruiz.
Por ello, el sector empresarial está preocupado, ya que quienes generan crecimiento económico y empleos para sostener al país enfrentan dos sucesos conectados: la reforma judicial y la reforma fiscal. Las personas juzgadoras, afirmó, están interpretando la ley y de esa manera dictan sentencia.
“Si no le gusta al gobierno, a quienes integran este tribunal disciplinario que particularmente son allegados a las personas o al partido político en el poder, si le gusta o no el tema fiscal es de recaudación de impuestos para los empresarios y hay hechos gravísimos porque todos sabemos que hay una necesidad de continuar en los programas sociales que a la par tratan de equilibrar económicamente a los más necesitados y hay una necesidad recaudatoria y el país no puede endeudarse más.
“La deuda ha crecido, se ha duplicado en los últimos ocho años en todo lo que había venido sucediendo utilizando a los contribuyentes que tienen cautivos y esta es una grave preocupación en los empresarios formales”.
Ante el más pequeño error, se restringen los sellos digitales y un empresario que no puede facturar uno, dos o tres días no se va a dar el lujo de meterse en un pleito contra el Estado fiscal.
“Quien va a resolver son los nuevos jueces y ninguno va a atreverse a dar un fallo a favor del empresariado sabiendo que hay un tribunal disciplinario que, sin importar si la sentencia fue legal o no, simplemente si no les gusta este juez va a ser sancionado, despedido o incluso sometido a un delito.
“Esto preocupa muchísimo porque se da en un entorno de poco crecimiento económico a través de estas reglas fiscales y judiciales que generan mucha incertidumbre y no hay un país que económicamente pueda tener un crecimiento si tiene incertidumbre sobre las reglas del juego, y la hay para los empresarios mexicanos”.
El abogado reiteró que se viven tiempos difíciles y muy polarizados, en donde están ricos contra pobres, empleados contra empresarios, lo que afecta a la sociedad.
Por ello, miles prefieren trabajar en la informalidad porque así evitan, aparentemente, problemas. El sistema fiscal mexicano es complejo y por eso los ambulantes no cumplen. Según el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, se establece una facultad para que el Estado haga lo que llaman un “barrido” por las calles, pero no conviene.
Costo Político
Si se llegara a aplicar lo que marca esa ley, sería tan sencillo como llegar a un tianguis y pedir a los vendedores su RFC. Como no lo tienen, los pueden dar de alta con solo pedirles el INE y forzosamente tendrían que pagar impuestos.
“Pero no lo hacen porque tiene un costo político, entonces claramente la solución es apretar más a los empresarios que están empadronados. Los que tienen empleados están obligados a hacer un cálculo de lo que se llama retención de impuestos”.
Las personas deben cuidarse de dos cosas, continuó: los bancos en donde tienen la nómina saben que en determinados días les pueden depositar cierta cantidad de dinero, “pero si un amigo te hace un préstamo y deposita en esa cuenta, este movimiento el banco lo reporta al SAT, y llega y pregunta de dónde lo sacaste y puedes llevar hasta a los papás de testigos de que fue una operación legítima, pero si no lo compruebas con documentación debes pagar un impuesto sobre ese depósito.
“La segunda es que ya tienen la computadora tan potente que va a procesar todos los datos y va a hacer el cruce de los mismos y por eso quieren que vincules el teléfono celular y la CURP biométrica para saber absolutamente todo lo que hacen esas personas que son trabajadoras normales y los empresarios cautivos”.
Factureras
Otra cosa que el profesionista asegura no van a tocar son las factureras, esas empresas que se dedican a hacer facturas falsas. Puso como ejemplo a alguien que contrata a una persona para un arreglo de carpintería en su empresa.
Pide factura, entonces esa persona va y le hacen una de Carpinteros, S.A. de C.V. El problema es que “el empresario nunca verificó que efectivamente la persona de a pie que estaba quitando las maderas tenía alguna vinculación y le metieron gol porque es una empresa falsa, aunque el servicio se hizo, pero el contratista para evitarse el pago de impuestos consiguió esa factura.
“El problema es grave porque si quisiera ir por las factureras ya lo hubieran hecho, pero todos sabemos que muchos gobiernos, sin ponerle nombre, para dar contratos piden una cantidad y esto es algo común que no sepamos, insisto, sin ponerle nombre o partido político. ¿Y cómo sacan el dinero? A través de estas factureras. Si llega el día que agarren a una, les van a decir que cuenten con quién estuvieron haciendo negocios de proyectos y para qué se ocuparon las facturas para sacar efectivo, y ahí nadie quiere salir involucrado”.