Boletín de la FGE

La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de Nancy “N”, de profesión odontóloga, señalada por el delito de responsabilidad técnica y profesional, luego de que presuntamente incurriera en actos negligentes durante la atención médica de una paciente, ocasionándole diversas afectaciones en su salud bucodental.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima acudió al consultorio de la imputada para recibir atención odontológica, sin embargo, la profesional no habría elaborado el expediente clínico correspondiente, realizando procedimientos invasivos sin contar con la autorización escrita de la paciente, y a pesar de que ésta manifestó dolores intensos en dientes y encías, no le recetó medicamento alguno ni dio seguimiento al tratamiento, dejándola presuntamente sin atención durante un mes debido a un periodo vacacional.

Los actos descritos constituyen presuntas violaciones a diversas Normas Oficiales Mexicanas aplicables al ejercicio odontológico, así como al Código de Ética de la Asociación Dental Mexicana, lo que derivó en una afectación directa a la salud de la víctima y motivó la presentación de la denuncia correspondiente ante la autoridad.

Tras la denuncia, personal de la Fiscalía llevó a cabo diversas diligencias de investigación, entre ellas entrevistas, peritajes médicos y la revisión de documentación clínica, logrando reunir los elementos de prueba suficientes para que la autoridad judicial citara a la señalada y se celebrara la audiencia inicial.

Durante dicha audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de Nancy “N” y expuso los datos de prueba que sustentan la acusación, mismos que fueron considerados por la juez de Control como suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de la profesionista.

Asimismo, la autoridad judicial impuso a la imputada una medida cautelar consistente en la presentación periódica ante la autoridad judicial, con el fin de garantizar su comparecencia en el proceso y evitar riesgos de sustracción de la justicia.

Finalmente, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el agente del Ministerio Público continuará integrando datos que fortalezcan la carpeta y permitan esclarecer plenamente los hechos denunciados, en apego a los principios de legalidad y debido proceso.