Ante la Restricción al Derecho al Aborto
Por Arantza Díaz
Al aprobarse esta iniciativa se atentó contra los derechos humanos de las mujeres, pero la historia no termina aquí: OCNF (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
A unas horas de la aprobación en el Congreso de Aguascalientes, la cual se llevó a cabo este miércoles, que modifica el tiempo de semanas admitidas para ejercer el derecho a abortar, la resistencia de colectivas feministas no se hizo esperar y ya preparan un amparo ante el Poder Judicial para hacer retroceder la iniciativa. La historia no termina aquí.
Recordemos que fue al filo de las 11 de la mañana cuando se votó la iniciativa que va contra derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se aprobó con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención.
Así fue como el Congreso Local de Aguascalientes aprobó la reducción para la interrupción legal del aborto, pasando de 12 a seis semanas. Con esto, se advierte el avance de la derecha conservadora al interior del Congreso aguascalentense a pesar de la oposición de las colectivas que se dieron cita desde las ocho de la mañana para intentar impedir el avance de la iniciativa.
En la Sesión Extraordinaria celebrada desde las nueve de la mañana, se concluyó:
“Se tiene por aprobado el dictamen en lo particular y sin necesidad de sometérsele nuevamente a votación, se solicita expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar”.
De esta manera, se termina por acortar a la mitad las semanas de gestación para la interrupción legal del embarazo, además, quien aborte de manera voluntaria después de los seis meses, recibirá de tres a seis meses de prisión y de 600 a mil días de multa.
Otro obstáculo que no debe perderse de vista es que esta iniciativa demanda que, quienes vivan un aborto espontáneo, deberán ser avaladas por dos personas especialistas para determinar que, efectivamente, se trató de un aborto causal, y no consentido.
Eso ejerce revictimización en contra de las mujeres que enfrentan la pérdida de sus hijas e hijos; deben ser indagadas para asegurarse de que no cometieron homicidio doloso, después de las seis semanas de gestación.
Esta punibilidad también es aplicable al personal médico y parteras, quienes podrían recibir hasta un año de prisión y dos mil días de multa, según refiere el documento oficial de la iniciativa del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Ya se Aprobó la Iniciativa: ¿Qué Sigue en Aguascalientes?
Para entender mejor el paso siguiente que darán las mujeres y colectivas aguascalentenses, se deben reconocer las medidas de autodefensa que se están gestando con el objetivo de dar un revés a esta primera derrota en el Congreso de Aguascalientes.
Cimacnoticias conversó con Mariana Ávila del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, quien compartió qué estará sucediendo en la entidad en un futuro próximo; herramientas que buscan sostener y luchar contra la desprotección estatal.
Entre los primeros recursos, se encuentra la liberación de un documento para que las personas que quieran abortar tengan esta herramienta a la mano donde sólo deban modificar algunos datos y no sea necesario que gasten dinero en obtener el amparo.
Asimismo, en compañía con otras organizaciones civiles, se está preparando el recurso de apelación para echar para atrás la iniciativa. Aunado a esto, se está gestando una de las ofensivas más poderosas para contener lo sucedido esta mañana: La exigencia de una Alerta de Género.
“Nosotras vamos a presentar un amparo contra la reforma, pero tenemos en contra lo que está sucediendo con el paro del Poder Judicial, aunque sabemos que hay casos que se toman de manera urgente, esto es prioridad, porque tiene que ver con un tema de salud”, compartió Mariana Ávila del OCNF para Cimacnoticias.
De acuerdo con información oficial de la Judicatura Federal, los casos considerados “urgentes” serán aquellos que tendrán que ver con procedimientos relacionados con la privación de la libertad y todo aquello que está relacionado con derechos humanos bases, como por ejemplo, el acceso al agua, a la electricidad y a la salud.
Esto quiere decir, que, a pesar del paro nacional del Poder Judicial, se puede inferir que lo que sucede en Aguascalientes, es, de hecho, un suceso prioritario que debe ser atendido sin mayor obstáculo. Aunque con las tensiones políticas que se vislumbran en esta materia y la amenaza latente de un paro de actividades más recrudecido, impulsar el amparo permanece como un trabajo monumental de lucha para la OCNF.
Como ya se advertía, se lanzará una Alerta de Género, que, explica Mariana Ávila, Aguascalientes es el único estado de la región que no lo había solicitado, pero se hará justo por una normativa que violenta los derechos humanos.
“Sabemos que esto que era un dictamen y que hace unas horas se aprobó para la modificación al código penal sí se puede echar para atrás porque carece de argumentos y fundamentos. Esto tendrá consecuencias por esta irresponsabilidad e ignorancia del congreso, tenemos que salir y cuidar; que ninguna mujer se enfrente a dar un amparo. ni a estar sola frente al aparato misógino del estado de Aguascalientes”, refirió Mariana Ávila para Cimacnoticias.
Además de una organización colectiva, que da fe al trabajo de resistencia tan grande que hacen las mujeres en la entidad, se debe nombrar la coordinación colectiva para dar acompañamiento a otras, su trabajo por salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos y su resiliencia para darse el encontrón legislativo contra el sistema. Son las mujeres aguascalentenses quienes están poniendo el cuerpo para defender y tirar a su propia Legislatura por el bien común.
Organizaciones en la Mira del Congreso de Aguascalientes
La Organización GIRE también se ha posicionado sobre el tema, sentenciando que esta lucha aún no termina,
“Al aprobarse esta iniciativa se atentó contra los derechos humanos de las mujeres, pero la historia no termina aquí”.
Paralelamente, otras organizaciones como Fondo de Aborto para la Justicia Social María, también han condenado este movimiento realizado por las y los legisladores, sentenciando que la decisión es un atentado en contra de las mujeres.
De manera oficial, refieren que su aprobación que, presume ser una “garantía para los derechos humanos” y que busca mejorar las condiciones de vida, acelerando la toma de decisión abortiva, es un retroceso.
“Con la experiencia que nos han dado 15 años de acompañar abortos seguros y cálidos, sabemos que incluso el plazo de 12 semanas es insuficiente”, sentenció la organización.
Paralelamente, Ipas México denuncia que el único efecto que tendrá esta iniciativa será el de dificultar el acceso a servicios de aborto seguro, especialmente, para aquellas mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad. Con ello, pide a la comunidad de Aguascalientes no dar ni un paso atrás.
Desde su causa, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha denunciado a través de un posicionamiento oficial que lo sucedido hoy en la entidad, corresponde a un cambio regresivo y una violación a la participación política ciudadana; ninguna colectiva fue tomada en cuenta, no se abrió a discusión, ni se abrieron foros para el intercambio de posturas.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala que esta reforma no sólo reduce drásticamente el tiempo disponible para que las mujeres tomen una decisión informada y libre, sino que además, pone en riesgo su salud y bienestar al aumentar las barreras para acceder a servicios de salud reproductiva.
Sólo como un panorama general, de 2020 a 2023, en Aguascalientes se abrieron un total de 40 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año con más casos es 2021, con un total de 14; seguido del año 2022, donde se criminalizó a 13 mujeres; en 2023 se han iniciado ocho investigaciones, mientras que en 2020 la cifra fue de cinco.
Con esta decisión, Aguascalientes se aparta de los avances en derechos reproductivos que ya se han alcanzado en 13 de las 32 entidades del país, donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación sin necesidad de justificación, señaló Luz Estrada, mientras que el OCNF ha reafirmado que continuará vigilando y denunciando cualquier acción que atente contra los derechos fundamentales de las mujeres, adolescentes y niñas, y llama a la sociedad y a las autoridades a defender y garantizar estos derechos esenciales. (CIMAC)
