Les Impondrían a Vivales Multa de Hasta 162 mil Pesos
Por Benny Díaz
Raúl Silva Perezchica (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
Ante la exigencia que se pide actualmente para los profesionistas, comienza desde que son estudiantes universitarios y son pocas las instituciones educativas que cumplen con todas esas normas que colocan a sus alumnos a la altura de lo que se pide a nivel global en cuanto a las competencias, pero todos aquellos que no logran un lugar en estos espacios deben buscar otras opciones, por eso “es necesario endurecer sanciones a dueños o personas que promuevan universidades que no tengan validez oficial”, declaró en entrevista Raúl Silva Perezchica.
El diputado reconoció que en Aguascalientes hay demasiadas universidades privadas y no todas cumplen con los requisitos en las carreras que ofertan, pero hay otras que no cuentan con el reconocimiento oficial, lo que lleva a que sus estudiantes, cuando egresan, no puedan obtener su cédula y es como si no hubieran cursado sus estudios profesionales.
“Tenemos en comisiones una iniciativa para imponer sanciones penales a quienes promuevan estas universidades sin registro de validez oficial estatal o federal”. Las sanciones para quienes hagan esto podrían ser de 75 mil a 162 mil pesos, según los artículos 144 y 145 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, cantidades que resultan irrisorias para lo que ganan con las colegiaturas que cobran. El legislador panista contó que esta iniciativa se presentó en 2022 para reformar el Código Penal y “agregar el artículo 163-A, el cual propone sancionar a quienes tengan universidades sin validez oficial con cinco a siete años de prisión, de 50 a 100 días multas, el pago total de daños y perjuicios ocasionados y la suspensión del derecho para solicitar una autorización o un reconocimiento de validez oficial de estudios hasta por cinco años”.
Han pasado dos años y la iniciativa no avanza, la mantienen en el rezago o en la congeladora, como se le llama.
“Tiene que pasar por la Comisión de Justicia, porque es una tipificación de delito y necesariamente tiene que ser aprobada por los diputados que la conforman y por la Comisión de Educación”, aclaró Silva Perezchica. La Comisión de Justicia, ahora es presidida por el diputado que viene y va, Enrique García López; antes estuvo a cargo de Francisco Sánchez Esparza, pero con ninguno ha avanzado. Así que lo más seguro es que sea una de las tantas que “heredará” la siguiente Legislatura, que entra en funciones el 15 de septiembre.
