Y que el Reemplazo no Tenga Antecedentes de Violar los DH
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano entregando el oficio para la gobernadora
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) sigue inconformándose en contra del fiscal Jesús Figueroa Ortega porque “ha obstaculizado el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas de violencia y sus familias, sobre todo aquellas que han perdido la vida por feminicidio y se ha hecho pasar como homicidio, por eso solicitamos su remoción a la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel”, declaró Mariana Ávila Montejano en entrevista con Página 24.
La activista y titular del OSVG asegura que han sido constantes “las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia y a quienes hemos dado acompañamiento”.
Durante los seis años que ha estado al frente de la Fiscalía, Jesús Figueroa Ortega no ha cumplido ni con los protocolos, ni el acceso a las carpetas de investigación de los procesos a las familias de las víctimas, aseveró, y es por eso que han llegado al punto de acudir con la mandataria estatal para que sea ella quien haga la remoción “y todo esto no es por ocurrencia, tenemos argumentos jurídicos y de derechos humanos para pedir que sea quitado del cargo”.
Ávila Montejano aclaró que no están a favor de nadie en particular para que llegue a ocupar la Fiscalía, sólo que sea alguien que garantice los derechos humanos de las personas, no que recurra a prácticas donde para arrancar confesiones se tenga que violentar a las personas.
“Exigimos que se revisen los perfiles de quienes buscan ocupar los cargos de las instancias de procuración y administración de justicia, a fin de que ninguna persona con antecedentes de violaciones a derechos humanos acceda a estos espacios, cuyo objetivo es investigar los delitos y garantizar nuestra seguridad”.
Caso Nathali
Lo que llevó al OVSG llevar la solicitud a la mandataria estatal para la remoción del fiscal es “por varios casos”, pero sobre todo por lo ocurrido el 24 de enero de 2023 con Cynthia Nathali, “cuya muerte violenta no se procesó ni investigó como feminicidio y el asesinato de Ociel Baena y Dorian Daniel, ocurrido el 12 de diciembre; en el curso de las investigaciones, Jesús Figueroa Ortega ha violentado el debido proceso al presentar información contenida en las carpetas de investigación ante medios de comunicación, buscando justificar su actuar”.
El OVSG va más allá al asegurar que el fiscal “ha estigmatizado a las víctimas y sus contextos, contraviniendo con ello ordenamientos locales, nacionales e internacionales contra la discriminación, la estigmatización y la criminalización.
“En la Ley General de Víctimas el artículo 7 en su apartado V dice que tienen derecho a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas, además de ser tratadas con comprensión y respeto por su dignidad, garantizando, además, la privacidad y evitando su revictimización, las autoridades deberán garantizar que las víctimas no sean objetos de malos tratos, arbitrariedades, ni discriminación por parte del personal que las atienda”.
En el oficio presentado a la gobernadora “exponemos y citamos declaraciones públicas realizadas por el fiscal en diferentes momentos: El 24 de enero de 2023 fue localizada sin vida Cynthia Nathali, de 38 años.
A escasos cuatro días de iniciadas las investigaciones, el fiscal aseguró en un evento público y sin conocimiento ni consentimiento previos de la familia de Cynthia, que tenían los elementos suficientes para concluir que habría fallecido por asfixia mecánica autoinducida (suicidio), también dijo que no podían estar buscando a todos los parientes de las víctimas para darles información y que estaba actuando dentro de los marcos legales, entre otras cosas”.
También argumentan que Figueroa Ortega citó a conferencia de prensa y “mostró información contenida en la carpeta de investigación, misma que tampoco habían mostrado a la familia, violentando lo establecido en el Protocolo de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres”.
Hasta la fecha la muerte violenta de Cynthia Nathali sigue sin concluir y sin poder explicar “el motivo de esas declaraciones mediáticas y por qué podría concluirse como suicidio y no como feminicidio”.
Caso Nidia
Otro feminicidio fue el de Nidia Adame ocurrido el 6 de noviembre de 2023 en Pabellón de Arteaga, quien murió cuando su expareja le prendió fuego y un día más tarde muere a causa de las quemaduras.
“Posteriormente, el fiscal confirmó durante rueda de prensa, que Nidia había presentado una denuncia en agosto de este mismo año, pero que no encontraron elementos que ameritan la implementación de medidas de protección para ella y sus hijos: ante los medios de comunicación especuló sobre la vida personal de Nidia y dejó en evidencia que desconoce la ruta trazada por el Código Nacional de Procedimientos Penales para otorgar órdenes de protección.
“Las declaraciones públicas del fiscal fueron: ‘No ameritaba otorgar orden de protección porque porque las medidas cautelares las fija un juez. Y una vez que se integran las carpetas, se tiene que solicitar al juez. Se puede otorgar una medida de protección. Ellos ya se habían separado, estuvieron viviendo un tiempo juntos. Posteriormente se separan, y luego vuelven a convivir. El día de los hechos vivían juntos nuevamente. No teníamos toda la carpeta integrada, evidentemente esto no nos puede permitir llevar el caso al juez. En el caso concreto necesitábamos más información. Insisto, la propia víctima en su denuncia, mencionaba que vivía con la familia de él, la información que nos dio era vaga, no ameritaba para nosotros otorgar una orden, porque estaba conviviendo con su propia familia. Ahora integramos la carpeta por el tema de feminicidio’”.
Caso Ociel y Dorian El tercer caso que exponen es el de Jesús Ociel y Dorian Daniel ocurrido el 12 de noviembre “y apenas unas horas después de la localización sin vida de Ociel Baena y Dorian Daniel, la Fiscalía realizó las primeras declaraciones públicas, divulgando información sensible, personal y confidencial de las víctimas contenida en la carpeta que apenas se empezaba a integrar.
“La declaración pública del fiscal fue: ‘Lo que nos arroja la escena del crimen es esa interpretación, nosotros estamos descartando la existencia de un tercero.
Ahora, a ver qué fue lo que le motivó a Dorian… Él tenía en su cuerpo, de acuerdo al dictamen químico, tenía metanfetamina, no sé si esto es algo que puede ser un acelerador. Sigue también todo lo de las redes sociales y es la que nos podría conducir a un crimen de odio. El detalle es que un mensaje no mata, lo que mata es la acción concreta que ocurrió en el interior del domicilio.
Nos queda muy claro que el activismo y posicionamiento que Ociel tenía era lo que le generaba muchas de las amenazas de cibernautas, que están generando todos los días en cada segundo en todas partes del mundo, porque Ociel era un personaje, hay que decirlo así, que venía de un activismo muy fuerte, esa es la parte que no estamos cerrando de ninguna manera’”.
Por esto es que el OVSG insiste en que Jesús Figueroa Ortega debe ser removido del cargo, pero además que se deben de analizar a profundidad los perfiles para reemplazarlo y que no llegue alguien “que tenga antecedentes de violar los derechos humanos”.
