Ocho Órganos Votaron Contra su Aprobación: Gómez Calzada
Por Benny Díaz
Sesión ordinaria de la comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género
“Penoso que cabildos de ocho municipios votaran en contra la Ley 3 de 3 por la Violencia de Género”, declaró la diputada Ana Gómez Calzada, vicepresidenta del Congreso del Estado, además de lamentar el rezago legislativo que hay.
“En nuestro Estado en materia de igualdad de género hay demasiado atraso y espero que se pueda lograr el consenso y que exista la voluntad política de los municipios para que podamos legislar esto el siguiente periodo de sesiones”.
Durante la sesión ordinaria de la comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, se votaron diversos puntos y fue donde Ana Gómez Calzada mencionó que son ocho los ayuntamientos que rechazaron la minuta de la Ley 3 de 3 por la Violencia de Género, motivo por el cual el Congreso se vio imposibilitado de hacer la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma.
Esto pone a Aguascalientes en una posición de desventaja, porque sigue siendo uno de los estados del país con más retraso legislativo, incluyendo en materia de igualdad de género. Además, es importante esta ley de cara a las elecciones de 2024, en donde en la entidad estarán en juego las 11 alcaldías, 18 diputaciones locales, tres diputaciones federales y tres senadurías.
Con esa Ley 3 de 3 por la Violencia de Género, se pone candados para que “ninguna persona deudora de pensión alimentaria, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo dependencia de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal”.
Sin embargo, al quedar pendiente la declaratoria de ley, puede ser que uno o más violentadores puede “colarse” y obtener una candidatura, por eso la importancia de que la minuta pueda avanzar, pero para eso se debe contar con que todos estén en la misma dinámica y no pongan más trabas en ninguna de las instancias en que debe pasar para que los diputados puedan hacer la declaratoria sobre dicha reforma.
Faltan pocos meses para que arranque la elección, por lo que “es importante que se quede establecido en la ley que quienes son deudores o agresores ocupen un cargo de elección popular o sean contratados como funcionarios públicos”, finalizó la legisladora.
