Se Manifiestan en el Zócalo Capitalino
Por Benny Díaz
“Quienes tienen un hijo, hija o familiar querido desaparecido y no por su voluntad, saben lo que cargamos a cuestas, enfrentamos una burocracia institucional que hace que las carpetas e investigaciones sobre nuestros casos hacen que no avancen y por eso nos hemos convertido en buscadores y luchadores sociales obligados”, declaró Javier Espinoza a Página 24 en entrevista telefónica luego de la manifestación que realizaron en el zócalo de la Ciudad de México “para exigir al gobierno federal que nos bride protección”.
Esta manifestación frente a Palacio Nacional se llevó a cabo porque ya no aguantan, además del dolor que llevan a cuestas, luchar contra instituciones omisas y que todavía tengan que estar a la expectativa, colocándose en peligro por buscar a sus seres queridos. Esto luego del artero asesinato de Teresa Magueyal, ocurrido el pasado 2 de mayo en Celaya, Guanajuato, quien perdió a su hijo y por eso se convirtió en madre buscadora.
De 2010 a la fecha, “han asesinado a 21 personas, madres, padres, hermanos de alguien que fue víctima de desaparición forzada”, estos datos son el recuento que lleva la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, al que pertenece Javier, padre de Francisco Javier, uno de los 10 desaparecidos que fueron “levantados” en el llamado caso Maverick, ocurrido el 24 de abril de 2007.
Los padres y madres buscadores se vieron en la necesidad de agruparse y organizarse para hacer el trabajo que les corresponde a las autoridades, porque en fiscalías y en las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas Desaparecidas los resultados prácticamente son nulos.
Además, por hacer ese activismo es que sufren “en muchos casos de amenazas e intimidaciones, a compañeros de varios colectivos de búsqueda, integrantes de la Unión Regional del Bajío, y de todo el país. El temor es lo que nos frena a presentar las denuncias”.
La intención de esta manifestación era “pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador conformar una comisión especial federal, para que las víctimas puedan emitir sus denuncias sobre las amenazas que reciben de gobiernos locales, además de que sea la instancia a través de la cual se informe sobre las investigaciones relacionadas de esos compañeros y compañeras que han perdido la vida a manos terceros sólo por buscar a sus seres queridos”.