Con Desfase de dos Años
Por Benny Díaz
Cuando se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas fue al vapor, se impuso un coordinador y metieron a personajes de dudosa procedencia para que la integraran, entre ellos un testigo protegido que declaró en los procesos de víctimas de tortura y también hacía llamadas a familiares de personas desaparecidas, asegurándoles que él sabía dónde se encuentran sus seres queridos; uno de los casos fue el de Sergio de Lara Quezada, documentado por Página 24.
En la ley, se especifica que estas comisiones deben contar con un consejo y debe estar integrado por ciudadanos y, sobre todo, que tengan que ver con colectivos que se dedican a buscar a sus familiares que fueron desaparecidos, generalmente de manera forzada, lo cual no ha ocurrido.
Desde hace dos años se debió haber emitido la convocatoria para elegir a los integrantes del consejo, pero como en el sexenio anterior eso no les importó, no se hizo nada.
Los colectivos han estado presionando para que esto se cumpla y, en demanda de esta legítima e urgente exigencia, la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas de la LXV Legislatura, que preside Fernando Marmolejo Montoya, aprobó la iniciativa para que se hagan reformas, adiciones y erogaciones a la ley para la atención y prevención de la desaparición de personas en el estado.
Esta iniciativa fue realizada en forma tripartida por Sanjuana Martínez, Mayra Torres y el propio Marmolejo.
El objeto de la iniciativa consiste en realizar diversas reformas a dicha ley a efecto de constituir y definir las atribuciones que tendrá el Consejo Ciudadano Estatal, para que sea conformado mediante consulta pública que lleve a cabo el Congreso del Estado, implementando la participación de las víctimas indirectas (familiares) en los procesos de búsqueda e investigación.
Una vez analizada la propuesta, las y los integrantes de dicha comisión consideraron procedente las adiciones contempladas en la iniciativa, toda vez que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 62, menciona que las entidades federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.
El diputado Marmolejo puntualizó que, “precisamente el objeto de la presente iniciativa consiste en agregar un capítulo completo a la Ley Estatal de la materia, a efecto de regular la constitución, integración y funcionamiento de dicho consejo, privilegiando la participación social y responsable de familiares, víctimas indirectas, expertos en la materia y ciudadanía interesada, otorgándoles participación importante en estos delicados procesos”.
Una vez avalado el dictamen fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para su trámite legislativo.
Como siguiente punto las y los diputados Verónica Romo, Sanjuana Martínez y Fernando Marmolejo, aprobaron su informe del primer semestre del segundo año legislativo, en el cual se realizaron seis sesiones ordinarias y a la fecha existe un asunto pendiente que se encuentra en la etapa de análisis.
Finalmente, las y los congresistas sostuvieron un encuentro con el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, César Cervantes y del personal del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.