El IEA se Niega a Separarlo Para “no Afectar sus Derechos Laborales”
Por Benny Díaz
Emma Dolores Zavala Soto, apoyada por el OVSG, denunció el acoso en el plantel (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
Los acosadores sexuales son muchos y están en todos los ámbitos y pocas las víctimas que se animan a denunciar, pero a un costo muy alto porque a pesar de su valentía no les creen y luego no sólo son presas del victimario, sino de quienes lo rodean cuando lamentablemente tiene un puesto de poder y el ambiente laboral se vuelve insostenible ante la indiferencia, arropo y complicidad de instituciones públicas e incluso autoridades.
Esa fue la tónica de la conferencia de prensa que organizaron Violeta Sabás Díaz de León y Mariana Ávila Montejano, del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), para presentar el caso de la profesora de artes de la escuela secundaria técnica 38, Emma Dolores Zavala Soto, quien pasa por un momento complicado al ser víctima de alguien que tiene poder y no sólo la ha acosado a ella, sino también a otras de sus compañeras, alumnas y madres de familia.
Violeta Sabás fue la primera en hacer uso de la voz y expuso que “el objetivo de hacer visibles los contextos de la violencia de manera particular y en esta ocasión es para mostrar que esto sucede en todas las escuelas del estado y es una realidad que ha existido siempre y hasta hace pocos años comenzó a visibilizarse de manera específica y las víctimas empiezan a organizarse contra los agresores y en nueve de cada 10 casos que hay en estos espacios son docentes o directores los que acosan a alumnas, profesores o demás mujeres que trabajan en áreas administrativas”.
Recordó que los primeros acompañamientos que dieron fueron a estudiantes de la UAA pero cada vez es más frecuente y se da no sólo en universidades o bachilleratos, también hay casos en secundarias, primarias e incluso jardín de niños.
“El miedo de las víctimas a denunciar es lamentable y es porque los agresores tienen impunidad porque muchos son sindicalizados y esos entes los protegen, vemos que en la UAA les siguen dando las mismas o más horas clase y las mujeres que denuncian son muy valientes porque enfrentan a toda una estructura educativa”.
En este momento el OVSG lleva ocho procesos relacionados con violencia en las escuelas y “evidentemente es sólo una pequeña parte de lo que realmente sucede”.
El Recuento de los Daños
Emma Dolores Zavala Soto narró lo que le ha tocado vivir en la Secundaria Técnica 38, a la que entró a laborar en 2020, “en plena pandemia y fui contratada para dar clases de la materia de artes, como no teníamos contacto físico es hasta que regresamos al modelo presencial cuando comenzó la violencia, me doy cuenta de actitudes y actividades que no son propias de un espacio escolar. La primera denuncia que hicimos fue en enero de este año, regresando de vacaciones y fue ante la oficina de equidad de género del IEA, de ahí se pasó la información al jurídico y no hubo respuesta oficial, es decir se va a realizar el proceso, pero no hicieron comparecer al profesor, y no soy sólo yo quien interpuso la denuncia. En mi caso hubo acercamientos lascivos y fui testigo de otros atentados al pudor que sucedieron entre septiembre y noviembre del año pasado, también se denunciaron ante el IEA, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y el Centro de Justicia Para Mujeres”.
Siguieron el camino “institucional” y agotaron todas las instancias sin que nadie hiciera nada, y lo que hubo fue que Lorena Martínez Rodríguez, titular del IEA, determinó que el acosador continuara en su puesto “con vigilancia permanente del supervisor de zona”.
Además de la tajante orden de que “ellos no van a hacer ningún tipo de sanción hasta que la Fiscalía genere un dictamen por medio del ministerio público. Sabemos que las denuncias las hicimos en el orden correcto y se fueron sumando a las que ya existían y siguen dándose en estos días contra la misma persona porque somos víctimas no sólo las docentes, también las estudiantes y madres de familia”.
Lo que solicitan es que se retire al profesor porque quieren estar en un ambiente libre de violencia, pues a pesar de que el supervisor de zona supuestamente mantiene en observación al agresor, éste comenzó a amedrentar a las víctimas de forma constante, porque como tiene un puesto de poder “utiliza a otros trabajadores de su alrededor para que lo hagan”.
Entonces las profesoras pasaron no sólo de tener acoso sexual, sino laboral “y ese es el ambiente en que me encuentro todos los días”.
El OVSG aseguró que en el IEA también hace falta que revisen el protocolo que aplican y que no pueden permanecer en la postura de no tocar a los acosadores porque “afectan sus derechos laborales”, a pesar de que hay varias denuncias sobre la misma persona.
Lo que aplica es que lo retiren de las aulas y que no tenga contacto con alumnas, pero que sea parte de su protocolo y no salgan con que hasta que la Fiscalía determine porque “ahí los casos relacionados con violencia sexual se llegan a tardar en comenzar el proceso mínimo un año, y eso si estamos empujando para que muevan las carpetas, por ellos mismos, puede ser mucho tiempo más”.
Mariana Ávila Montejano dejó claro que el IEA no puede depender de lo que emita la Fiscalía en estos casos , porque como autoridad educativa deben activar los mecanismos de protección para la seguridad de las víctimas en el espacio escolar, “entonces que se le retire del aula y de cualquier espacio donde pudiera tener relación con mujeres, si ya hay denuncias deben ponerlo en un espacio administrativo y no se violentan sus derechos laborales porque seguirá recibiendo su cheque cada quincena, y en el caso de la secundaria 38, aunado a los delitos sexuales, ya se sumó el de asedio laboral”.
A Emma la están acusando de incitar a las alumnas a realizar actos de violencia e insubordinación, ya que han realizado agresiones hacia el plantel, a lo que dejó claro que “las chicas no son manipulables, son conscientes de lo que les pasa y ellas deben cumplir un horario de 7:00 de la mañana a 1:45 de la tarde todos los días, yo estoy por unas horas nada más. Les hago un llamado para que enfoquen toda esa energía en sacar algo positivo para todas”.
Atraso y Omisión
Por otra parte, Violeta Sabás mencionó que Jesús Figueroa Ortega tiene un desinterés total para actualizar el protocolo de feminicidio y también omisión para conseguir más recursos, porque es la excusa que pone para no capacitar al personal.
“Ante cualquier muerte violenta de una mujer, incluidos accidentes de tránsito, se debe aplicar el protocolo de feminicidio y se deben aplicar ocho reactivos pero tienen seis años de atraso y hacen las cosas al revés porque muchas veces las familias aseguran que son feminicidios y los responsables lo hacen pasar por suicidios o incluso accidentes viales”.
Ellas llevan acompañamiento de casos que llevan años y no avanzan, porque van y se encuentran con que las carpetas tienen dos años desde que se hizo el último movimiento y cuando los familiares de las víctimas las contactan porque tienen certezas de que no se quitaron la vida o sufrieron un choque, porque justo después de eso la expareja, pareja, amigos, familiares o conocidos, en ese orden son los violentadores, el hombre en cuestión desaparece, incluso se va del estado.
Puso como ejemplo el caso de una mujer a quien un hombre quiso asesinar chocando su carro contra un muro, ella salió disparada y cayó al asfalto, cuando llegaron a auxiliarla gritó que lo detuvieran porque la intención era matarla, pero en la carpeta de investigación no estaba el delito de tentativa de feminicidio, sino de accidente vial.
“Vemos que hay un interés por mantener ‘limpio’ el nombre del estado, que aquí no hay feminicidios y dicen que son suicidios, pero también deberían llevar bien las cuentas bien porque es algo que crece cada año y debe haber certeza de cuándo en realidad lo fue”.
Protección Desde la Cúpula
En cuanto a la recientemente aprobada ley 3 de 3, en realidad es para que se aplique de forma adecuada para esos que andan en la política y que además de violentadores son “deudores alimentarios, porque son regidores o diputados, luego saltan a ser funcionarios federales y regresan para aspirar a ser alcaldes y así van de un lado a otro y no creemos que no tengan para pagar 20 mil pesos de manutención cuando tienen salarios mucho muy elevados, pero reciben protección desde la cúpula porque han casos de varios que han sido denunciados y siguen sin ir a juicio porque desde sus partidos políticos u otros lados los protegen y siguen en la impunidad”.
