Acusan a Pedro Zaragoza y Omar Williams López, Exombudsperson
Por Benny Díaz
Una nueva víctima de acoso sexual y laboral levanta la voz para denunciar que “desde noviembre comencé a pasar por este tipo de cosas en el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado [IVSOP] por dos de mis superiores jerárquicos y son el director jurídico Pedro, y el jefe de departamento de lo contencioso Omar Williams”.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Fernanda, la víctima, cuyos apellidos se omiten debido al proceso que lleva, manifestó que los dos hombres comenzaron a incomodarla en su espacio laboral con todo tipo de comentarios de tipo sexual y al rechazarlos, entonces lo hacían laboralmente.
Ella contaba con una antigüedad de dos años y medio en dicho instituto, mientras que Pedro Zaragoza Galván y Omar Williams López Ovalle llegaron en noviembre y de inmediato comenzaron a acosarla y así transitó también todo diciembre.
“Dudé mucho en tomar la decisión de denunciar –dijo Fernanda–, finalmente el 2 de enero acudí al órgano interno de la Contraloría del Estado y el día al 3 al órgano interno del Instituto de Vivienda y la respuesta fue que el día 6 de ese mes fui despedida”.
Entonces acudió a otras instancias como la Unidad de Igualdad de Género, el Instituto de Justicia Para la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y “en ningún lado tuve respuesta favorable”.
Por eso recurrió al Observatorio para que le den acompañamiento en este proceso en donde dos altos funcionarios de gobierno estatal la acosaron sexual y laboralmente, hizo las denuncias correspondientes ante quien debería y fueron totalmente omisos, pero cuando se dieron cuenta que daría a conocer ante la prensa a los dos funcionarios, le llamaron para ofrecerle regresar a su trabajo pero con la condición de que se quedara callada.
Aumenta Violencia Sexual
Violeta Sabás Díaz de León, del OVSG, dio a conocer que las víctimas deben seguir toda una ruta para llegar ante ellas “tocando puertas en todas las instituciones que en teoría son las encargadas de dar respuesta inmediata a los procesos graves en donde se violentan los derechos humanos, ha habido un incremento significativo en la violencia sexual: En 2020 se denunciaron 279 casos, en 2021 fueron 989 y en 2022 llegaron a mil 81 procesos, es el dato más crudo porque estamos colocados más arriba de la media nacional, es un delito grave y las víctimas ven vulnerada su integridad física, psicológica, moral, emocional y todo su entorno”.
Por eso “hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que restituyan los derechos de las víctimas en situaciones puntuales y en este caso ella vivió hostigamiento sexual por un alto funcionario de gobierno del estado y hasta el momento no ha sido retirado de su cargo”.
Fernanda no es la Única
Entonces tomó la palabra Mariana Ávila Montejano, también activista del OVSG para decir que ninguna de las instituciones activó los protocolos ante el acoso y hostigamiento que vivió Fernanda y que están vigentes a nivel nacional, y por eso “hacemos un llamado de tolerancia cero a la violencia sexual que demerita los derechos humanos de las mujeres”.
Además de que “Fernanda no es la única mujer que vive violencia en las instituciones en donde se violentaron sus derechos humanos y en estos procesos se pueden fincar responsabilidad por las vías laboral, administrativa y penal. Este tipo de funcionarios que tienen un alto nivel y trayectoria al caer en esas prácticas mínimo se le debe fincar la responsabilidad de la inhabilitación para que ni pueda ocupar cualquier cargo público en ninguna institución”.
Lo peor es que “no son los únicos, y cuando un funcionario ejerce poder sobre sus víctimas es porque tiene el cobijo de las instituciones y por eso el llamado es a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal”.
Y es que el OVSG ha dado acompañamiento en denuncias sobre víctimas de varios funcionarios de los tres niveles gubernamentales y “repiten patrones, recordarles a todos ellos que ponerse un moño naranja no es política pública, hay un protocolo que no fue activado y que está dentro de la normatividad vigente en el estado y también a nivel federal. Si no lo saben ejercer, basta con googlear cualquier página y ahí está el protocolo”.
Violenta Sabás volvió a hacer uso de la palabra para dar a conocer que sólo se denuncia el 10 por ciento de los delitos, entonces hay miles que sufren acoso sexual y laboral y callan por miedo a ser despedidas.
Esto sucede porque cuando las víctimas denuncian ante los órganos internos no solamente las invalidan, sino que “no les van a creer y con eso fortalecen al agresor y a la víctima la colocan en otro espacio para irla bloqueando para que renuncien porque no quieren que denuncien”.
Omar Williams, el Ombudsperson
Lo más lamentable es que Omar Williams López Ovalle, fue ombudsperson de la CDHEA en la época en que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez fue procurador y hubo torturados y personas desaparecidas y en dicha Comisión no existe una sola hoja de lo que pasó en ese tiempo y que “era de conocimiento público”.
Se cuestionó si se le pueden juntar ambos delitos y Violeta Sabás mencionó que “son dos procesos diferentes, ahora se está exigiendo que haya sanción de inhabilitación de este funcionario y cuando estuvo en la otra institución sería otro proceso porque tuvo una gestión opaca, omisa y no se hizo absolutamente nada de recomendaciones, pasó de noche la tortura en el estado cuando era de conocimiento público lo que sucedía y no se hizo absolutamente nada”.
También dijo que el OVSG y de género no tiene problemas con el fiscal Jesús Figueroa Ortega, que fue él quien ya no quiso diálogo alguno ni con ellas ni con las familias de las víctimas y que ahora todo se hace con los vicefiscales o con los ministerios públicos.
Y no se trata de que cambien al fiscal, porque desde que ellas dan acompañamiento han pasado seis años y ninguno hace nada. “El cambio tendría que ser desde abajo y que no sólo tengan la preparación académica adecuada, sino que cumplan con el perfil de ser amigables con las víctimas. Tenemos un caso de un perito que tuvo que hacer un proceso y resultó que estudió una carrera que no tenía nada que ver, le dieron trabajo en Fiscalía y lo pusieron en ese puesto. Hay que ser serios, y el cambio se daría si cambian todo, no a Figueroa, porque cada vez que llega uno nuevo hay atrasos significativos en todos los casos”.
Impunidad y Opacidad
La gobernadora ha dicho en muchas ocasiones que ningún delito puede quedar impune en Aguascalientes y en el OVSG no han visto que eso suceda “porque en el caso de feminicidios hay algunos que sucedieron hace seis, cinco o cuatro años y no hay ningún avance, en violencia sexual es muy lento para judicializar y vincular a proceso la justicia en Aguascalientes y todo México es muy lenta, hay impunidad y opacidad”.
Mariana Ávila también habló para decir que “sería importante que el ejecutivo no se tome atribuciones en donde pueda hablar sobre casos de investigación, lo sufrimos hace unos días donde hubo violación a los derechos humanos con la participación del proceso de investigación y eso no puede suceder en Aguascalientes”.