Aguascalientes:
Por Mónica Cerbón
Enrique García López “Quique Galo” (Fotos: Archivo Página 24)
Durante más de dos meses, el diputado panista de Aguascalientes Enrique García López impulsó su iniciativa de Ley de Manifestaciones –la Ley Garrote– en el Congreso estatal. Pero el miércoles 24 se desistió, luego de las airadas protestas de organizaciones sociales. Y aun cuando algunas activistas lo consideran un triunfo, manifiestan su preocupación porque, dicen, el personaje se perfila como subsecretario de Gobierno en la administración de su correligionaria Teresa Jiménez, quien asume el próximo 1 de octubre.
Agosto 27, Aguascalientes, Aguascalientes (apro).- Tres días después de que la panista Teresa Jiménez arrasara en las elecciones estatales para renovar la gubernatura en la entidad, su compañero de partido, el diputado local Enrique García López, presentó al Poder Legislativo una propuesta para crear una Ley de Manifestaciones que de inmediato fue bautizada como Ley Garrote.
La iniciativa, que despertó polémica pues en la práctica intenta criminalizar la protesta social, fue dada a conocer por el Congreso estatal el 9 de junio último. A diferencia de otras propuestas, la de García López fue turnada con rapidez –en menos de dos meses– a las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos para su dictamen y posterior votación en el pleno.
El diputado morenista Juan Carlos Regalado Ugarte llama la atención sobre esa inusual rapidez, sobre todo si se considera que las últimas iniciativas relacionadas con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo tienen casi un año y ni siquiera han sido analizadas.
Regalado califica de autoritaria la propuesta de Ley de Manifestaciones que impulsa el panista García López, quien pertenece al mismo grupo político de la mandataria electa.
La presunta prisa prendió las alarmas de organizaciones civiles nacionales y locales. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, formado por organizaciones nacionales como Artículo 19 y el Centro Prodh, la calificó como un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Colectivas locales como Cultivando Género, VIHDA y la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, entre otras, también se pronunciaron en ese mismo sentido.
En Aguascalientes las manifestaciones más numerosas han sido organizadas por mujeres, por integrantes de la comunidad LGBTQ+ o motivadas por temas políticamente controversiales como la falta de agua potable. Analistas políticos como Alejandro Madrazo Lajous aseguran que la propuesta tiene una dedicatoria clara.
Y mientras crece el descontento contra García López, el legislador se aferra a su propuesta. Fuera de su oficina en el Congreso estatal se colocaron pancartas con su rostro, acompañadas con la leyenda “Fascista”; sin embargo, también es apoyado por el sector más conservador de la entidad.
Hasta ahora ningún partido se posicionó al respecto. El PAN y su aliado legislativo, el PRD, tienen mayoría en el Congreso; luego sigue el PRI, que durante la campaña formó parte de la coalición Va por Aguascalientes, que llevó a la panista Jiménez a la gubernatura. De los cinco diputados de Morena, sólo Regalado Ugarte ha manifestado su rechazo a la iniciativa.
Las organizaciones civiles fueron claras en sus exigencias: que la propuesta sea retirada o, en el mejor de los casos, que se vote en contra. Tras la presión local y nacional, la buena noticia llegó el miércoles 24, cuando activistas circularon un documento en el cual García López informó a la Mesa Directiva del Congreso que retiraba su propuesta.
Angélica Contreras (Foto: Archivo/Página 24)
Y aun cuando eso fue tomado como un triunfo por las organizaciones, la activista Angélica Contreras, de Cultivando Género, sostiene que hubiera sido mejor votar en negativo, para impedir que en el futuro se vuelva a impulsar esa iniciativa. “Ganamos una batalla, pero la lucha sigue; lo festejamos, pero esto no termina aquí”, comenta.
También se dio a conocer un documento firmado por García López en el cual informa que, en respuesta a la exigencia de organizaciones y a petición del presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez –quien nunca se posicionó públicamente sobre el tema– decidió retirar su propuesta, pero recalcó que trabajará para “afianzar las bases que aporten al bienestar y la estabilidad social permanente”.
Contra las “Buenas Costumbres”
La iniciativa de García López incluye 30 artículos y es difícil decidir cuál es el más grave. El quinto, por ejemplo, señala que: “No se podrá́ coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público”.
Además, prohíbe a los y las manifestantes “intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias” pues “en caso contrario, la autoridad competente podrá́ disolver la manifestación”.
También obliga a dar aviso a las autoridades sobre la protesta 48 horas antes de realizarse, e impone el horario de 11 a 18 horas para manifestarse o de lo contrario habría sanciones y la autoridad, de nuevo, podría disolver la manifestación.
La propuesta confiere facultades al estado para no permitir una protesta o hacer modificaciones al recorrido de la misma y obliga a las personas manifestantes a portar un brazalete que les identifique “a fin de supervisar” su desarrollo, entendido como buen comportamiento.
En su artículo 14 señala que se tomarán “las medidas necesarias para evitar el bloqueo en las vías primarias”. Y en su artículo 16 señala que “si durante el desarrollo de una manifestación se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio público, la Secretaría (de Seguridad Pública Estatal) deberá́ disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones”.
