Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez
Rafael Quevedo
HE ESTUDIADO un caso que puede servir de ventana para entender el abuso de poder que a nivel local llevan a cabo muchas veces gobernadores, presidentes municipales, diputados y regidores. No estamos estigmatizando la figura de estos puestos. No es el puesto, si no una inercia histórica que he notado llega hasta nosotros, en ciudades y municipios, para desgracia de millones.
EL CASO es este: en 1929, los gobiernos callistas de Aguascalientes, representados por el presidente municipal, Rafael Quevedo, y el gobernador, Manuel Carpio, llevaron a cabo una serie de remodelaciones en el jardín, la plaza y el atrio del templo de El Encino. El trabajo, que removió bancas antiguas y quitó un metro al atrio para uniformar los andadores del jardín, no cayó muy bien, porque poco tiempo después, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Aguascalientes, levantó una denuncia ante las autoridades judiciales por “daños contra propiedad ajena y desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad”.
CON BASE al artículo 22 de la “Ley Calles” del 31 de julio de 1926 (misma que terminaría por desatar la Guerra Cristera), se argumentaba que cualquier edificio que sirviera para actividades religiosas debía pasar “de pleno derecho al dominio directo de la nación, para destinarse a los servicios públicos de la Federación”. A lo cual se añadía: “aquellas personas que destruyan, menoscaben o causen perjuicios a los referidos edificios, serán castigadas”. Por lo tanto: el gobierno federal era responsable de velar por su integridad. Tiempo después de levantada la denuncia, el atrio del templo fue regresado a su estado original y no hubo castigo ni detenidos por el acto
NO ME PARECE que se pueda achacar el accidente sólo a un mero capricho de Rafael Quevedo y Manuel Carpio, quienes, se dice, se culparon el uno al otro al momento de enfrentar la acusación judicial, y ninguno asumió responsabilidad alguna. Pero lo que se puede ver, de manera más precisa, es el juego de componendas entre las fuerzas centralistas y locales que el callismo desató, abriendo el camino a ciertas figuras que, bajo la retórica de la Revolución, perpetraban todo tipo de obras sin algún tipo de diálogo con las comunidades que gobernaban, volviéndolos auténticos señores feudales.
UNA TENDENCIA parecida la veo con los gobiernos neoliberales de Aguascalientes. Bajo la retórica de la modernización y con la complicidad y corrupción de actores afines locales, han privatizado los servicios públicos de la ciudad: el agua con el PRI, la luz y la basura con el PAN. Recientemente, los diputados locales en contubernio con el gobierno de la panista Tere Jiménez aprobaron, por ejemplo, seguir cobrando un impuesto ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ahora es llamado Sistema Integral de Iluminación Municipal. Esto por no hablar de la aprobación del indignante Pin Parental que puso en la mira a la legislatura de Aguascalientes a nivel nacional.
ME PARECE que es hora de poner sobre la mesa un debate: hay ciertos temas que definitivamente no deberían ser tocados por las legislaturas locales, porque de entrada son de bien común (o deben ser considerados de la Nación) o son derechos humanos universales: derecho al agua, derecho a la luz, derecho a una educación laica, por ejemplo. Es la única manera como podemos garantizar el bienestar de la población, evitando que, a la larga, sea presa del gandallismo local . Posicionar ese debate, discutirlo y encontrarle una salida por la razón y la ley, sería un logro indiscutible de la Cuarta Transformación.
