Integrantes de la comunidad catalana en la Ciudad de México realizaron una protesta, en las escalinatas del Ángel de la Independencia (Foto: Galo Cañas/Archivo/Cuartoscuro)
Señor Director:
El 17 de agosto del 2017, en el centro de Barcelona, se produjo un atentado terrorista reivindicado por el Estado Islámico, donde hubo 15 muertos y más de 100 heridos. Esto sucedió poco más de un mes antes de la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña.
La votación era pacífica, pero el Gobierno español envió la policía para apalear a los votantes y nuestros representantes políticos fueron puestos en prisión o se exiliaron. Ese atentado está rodeado de información extraña. A parte que el Gobierno español mantenía a la policía catalana apartada del sistema policial internacional sobre terrorismo islámico, lo más inquietante era que hubo la información no verificada que el cerebro de la célula terrorista era confidente de los servicios secretos españoles.
Por eso los partidos catalanes pidieron una comisión de investigación en el Parlamento, pero fue vetada por los principales partidos españoles. Ahora, dos años después, el diario español Público, revela una investigación en la que confirma que el cerebro del atentado de Barcelona había trabajado con los servicios secretos españoles hasta el día del atentado, y que conocían todos los planes y movimientos de la banda, porque tenían intervenidos sus teléfonos.
Los políticos catalanes están exigiendo explicaciones y que se asuman responsabilidades, pero todos los partidos españoles, excepto Podemos, ignoran el tema y los medios de comunicación españoles, excepto Público, guardan un silencio sepulcral.
Los ciudadanos e imagino que, más que nadie, los familiares de las víctimas, queremos saber que pasó. Las sospechas son las siguientes: O los servicios secretos y la policía española son incompetentes y tienen que dar explicaciones de porqué dejaron la policía catalana al margen. O se permitió el atentado para declarar emergencia nacional, controlar las calles con el ejército e impedir el referéndum por interés de Estado.
Lola Salmerón
