Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foto: Archivo/ Cuartoscuro)
EL PROYECTO de presupuesto que el Consejo General del INE aprobó para el próximo proceso electoral incluye tres apartados, el primero de ellos es el relativo al costo que en sí, habrá de generar la elección, es decir lo que el INE habrá de gastar para que casi 89 millones de electores tengan garantizado su derecho al sufragio, para lo cual calculó una cifra de 18,226 millones de pesos. El segundo de estos apartados es el que se relaciona con el gasto corriente y de campaña de los partidos políticos y sus candidatos cuyo monto haciende a 6,745 millones pesos, y por el último el destinado a los candidatos independientes que les asignarán 43 millones de pesos. La suma total de lo que habrá de costar la elección del 2018 haciende según estas cifras a 25 mil catorce millones de pesos que saldrán del erario público. Esta exorbitante cifra levantó ámpula en los sectores de liderazgo social, en particular en los sindicatos patronales y en el ámbito académico y por uno que otro despistado. La crítica se enderezó al “Patito Feo” de cada tres años: El otrora IFE hoy INE. Y eso que aún no lo aprueba la Cámara de Diputados.
SOY DE LOS que creen que para realizar una crítica con objetividad, lo primero que hay que hacer es un acopio de información veraz y verificable, pues sólo así quien critica podrá hacerlo con la imparcialidad que requiere el asunto, en particular un asunto de la naturaleza de un presupuesto que está enfocado a la realización de una elección sumamente compleja por la magnitud de actividades a realizar. No se trata de una elección más, se trata de una elección cuyo campo de acción va más allá de elegir diputados federales, senadores y Presidente de la República; ahora el INE, merced a la más reciente reforma electoral, en la que a alguien se le ocurrió centralizar la toma de decisiones de las elecciones estatales, y pasarle la estafeta al IFE y de paso transformarlo en Instituto Nacional Electoral; reforma electoral que trajo consigo una gran cantidad de actividades, incluido su costo, razones por las que tendrá que redoblar esfuerzos para, por ejemplo, ubicar 156 mil casillas electorales, de las cuales 149 mil serán casillas únicas, así como todo lo que implica su integración, que se basa fundamentalmente en la capacitación a los ciudadanos elegidos por sorteo, para que sean quienes cuenten los votos el día de los comicios. La impresión de algo así como 330 millones de boletas electorales, actas y demás papelería, amén de otros materiales que se utilizarán el día de la jornada electoral. 18,226 millones de pesos por garantizar unas elecciones limpias y confiables no es tanto dinero, si de ello depende quién nos gobernará y quién nos representará tanto en lo local como en lo federal.
HEMOS OLVIDADO que en un pasado no muy remoto, como fue en la elección del año 1988 en la que se “cayó el sistema”, considerado el último gran fraude electoral en este país, pues a raíz de ese vergonzoso suceso, es que se fundó el IFE, y en consecuencia nunca más se ha vuelto a caer en un proceso electoral que se cuestione veraz y fehacientemente, es decir, con pruebas en la mano, como sucedió ese año, declarado y reconocido así recientemente por el autor intelectual, el entonces Secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz. Se han descalificado comicios, pero por malos perdedores, concretamente el caso del “Mesías de la democracia mexicana” Andrés Manuel López Obrador. Quien intentó destruir todo el edificio de nuestra incipiente democracia electoral que tanto dinero y tanto esfuerzo nos han costado, con tan sólo unas declaraciones infundadas, al no aceptar los resultados electorales que le fueron desfavorables en esa elección. Es más fácil destruir que edificar, pero perder una elección no le da derecho a ningún actor político de descalificar al árbitro electoral por no saber perder. Cuando ganó otras competencias políticas todo estuvo correcto, lo cual quiere decir que para un actor político como él, sólo existe una posibilidad: ganar, ganar, la palabra perder no está en su vocabulario menos en sus labios.
LOS 6,745 millones de pesos destinados a los partidos políticos, es para algunos un insulto a nuestro pueblo, para otros es algo justificable en virtud de que la asignación única de presupuesto público para partidos y candidatos, aleja la posibilidad de que intereses particulares y del crimen organizado sean los que financien a los políticos en sus aspiraciones por conquistar las posiciones de poder, y así obtener beneficios al amparo de las sombras. Escándalos de dinero ilegal en las campañas políticas de gobernantes de algunos otros países son hechos reales que la prensa internacional ha ventilado desde siempre. ¿Así que por qué criticar el que los partidos en nuestro país reciban dinero público? No digo que se poco o mucho este financiamiento, sólo doy a entender que es mejor que se manejen con dinero público que con dinero de otra procedencia, sea cual fuere, pues eso los aleja de estar sujetos a intereses oscuros una vez que ejerzan el poder. Y ni qué decir del dinero para los candidatos independientes, pero eso es motivo de otra reflexión.
LA NOTA político electoral de estos días es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir un fallo sobre la reforma a la ley electoral de Jalisco, acerca de la asignación del presupuesto público a los partidos políticos, con base en los votos obtenidos en cada elección, reforma que ha sido muy festinada por su impulsor y otros actores más, la cual no está del todo mal, por el ahorro que significará para la finanzas públicas de esa entidad federativa, salvo por un mísero detalle: la forma en que el electorado la podrá interpretar, ya que de querer castigar a los partidos políticos en cuanto al dinero público se refiere, lo haría no acudiendo a las urnas o votando más por X que por Z partido o candidato. La primera de estas formas de castigo para los partidos, no sólo incrementará el abstencionismo de por sí ya bastante alto, sino que a la par, traerá como consecuencia, de que cualquier partido podrá ganar con pocos votos, con la consecuente falta de legitimidad que les daría una desairada y exigua votación; pero también que un reducido número de ciudadanos decida el destino de las mayorías, sea en una entidad federativa en lo particular o en el país en lo general. La segunda dependería de cómo utilizar esos recursos públicos, para atraer más votos a su haber. Sobre esta desacertada medida el Presidente del IEEA, en una entrevista de banqueta expresó sus puntos de vista en una desafortunada declaración, opinando a favor de tal medida, sin haber analizado pros y contras de esta cuestionada reforma.
YA DE ENTRADA, el abstencionismo viene siendo el adversario a vencer en cada elección que se realiza, en virtud de que la participación ciudadana va decreciendo elección tras elección, y lo digo con bases sólidas, a través de datos obtenidos de la página del INE, comparando la participación ciudadana a partir de la elección federal de 1991, la primera organizada por el IFE, con un renovado Padrón Electoral y con una lista nominal nacional de 36’676,167 electores, de los que acudieron a las urnas, 24’194,239, que representó un 65.97% de participación ciudadana, que equivale a 12’481,928 electores que no acudieron a votar. En la pasada elección federal del 2015, con un listado nominal de 83’536,377, sólo votaron 39’864,082 electores, es decir, un 47.72% de participación efectiva, que equivale a 43’672,295 ciudadanos que decidieron no votar. Lo que significa que en 24 años ha disminuido en un poco más de 18 puntos porcentuales la asistencia a las urnas. Un promedio de 0.75 puntos porcentuales por año. ¿Hasta dónde habrá de descender este baja participación de los ciudadanos en el proceso electoral 2017-2018? Este debería ser el centro del debate y no el dinero que por ley se les asigna a los partidos políticos. El otro dilema es: ¿Cómo incidir en el ánimo de los electores para que acudan a votar? Es una pregunta cuya respuesta no está en nuestro acervo de conocimientos y posibilidades, el poder contestar por ahora, pues debe existir una fórmula para ello, únicamente hay que empezar a buscarla.
AHORA BIEN, con el equívoco de que sin voto no habrá dinero para los partidos políticos, este decremento participativo ciudadano podrá desplomarse a cifras inimaginables, eso sin considerar el proceso de individualización, o proceso sistemático de personalización que Gilles Lipovetsky(*) nos plantea en un sobrio y lúcido texto que tituló, “La era del vacío”. Un conjunto de ensayos sobre el individualismo contemporáneo, en el que ejemplifica a través de la diseminación social, que los deseos individualistas están superando a los intereses colectivos de la sociedad, y cita ejemplos, como lo es la proliferación de asociaciones o grupos de asistencia y ayuda mutua, es decir colectivos con intereses miniaturizados, hiperespecializados, como agrupaciones de viudos, padres de hijos homosexuales, de alcohólicos, lesbianas, e incluso en la medicina se da este fenómeno, con especialidades tan sofisticadas e individualistas, como cirugía de mano, de cadera, de columna etc.
DE IGUAL manera se está dando en el ámbito de la política, con agrupaciones por la anticorrupción, ambientalistas, en contra del financiamiento público, vecinos unidos por la seguridad. Todo esto es según Lipovetsky, producto de una sociedad marcada por una separación de la esfera pública, y a la vez una pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas (sociales y políticas). Bien se podría fundar uno más, enfocado a motivar la conciencia colectiva para acudir a las urnas a elegir nuestra representación política y nuestros gobiernos.
EN EL ASPECTO local recientemente surgió una organización denominada Politik Millennial, que pretende reducir los recursos públicos destinados a partidos políticos y la prohibición de acceder a ellos si no se trata de un año electoral, haciendo suyo también lo de sin voto no hay dinero, para lo cual requiere al menos 20 mil firmas para que el Congreso local de entrada a lo que pretenden se convierta en una iniciativa ciudadana. Otros, como los líderes patronales y algunos intelectuales también son recalcitrantes opositores al financiamiento público, pero me parece que es más discurso que convicción. Pero también hay otros temas que de alguna manera siembran el desaliento en los ciudadanos a participar en la elección de sus gobernantes y representantes. Lo cual pone sobre el tapete del debate público la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto habrá de caer la participación ciudadana con todos estos prietitos en el arroz, y qué debemos hacer para evitar tal fatalidad? No hay forma de saberlo, pero si se puede intuir que es algo que inevitablemente va a suceder en nuestro sistema electoral, con todo y las grandes cantidades de dinero que se le han invertido y que seguramente se le seguirán invirtiendo. Yo creo con firmeza que ese despropósito de nuestra clase política y gobernante para con sus gobernados sea la causa principal.
POR OTRA PARTE, pero dentro del mismo tema, no conocemos otro procedimiento legal para la renovación pacifica de los poderes públicos. A mí me parece que este autor arriba citado, nos está alertando, acerca de que el ser humano cada día y con mayor celeridad, se va recluyendo en sí mismo, se va ocupando de asuntos muy particulares, alejándose más y más de la convivencia social y de la participación colectiva. Huye de sí mismo y de su compromiso cívico, de su compromiso político, dando mayor importancia al consumismo, a la deserción de los valores tradicionales, la pérdida de la convivencia histórica y el descrédito del futuro, es el tiempo en que la res pública ya no tiene una base sólida, un anclaje estable que motive las conciencias, lo que significa que está en decadencia. Por eso el riesgo de que los ciudadanos crean a pie juntillas eso de que sin voto no habrá financiamiento público, y al pretender castigar a la partidocracia, se alejen o se olviden cada vez más de su derecho y su obligación de sufragar en las elecciones.
CON TODO y que el INE tiene una gran cantidad de opiniones en contra, es la única institución de la administración pública federal, que ha devuelto remanentes de su presupuesto, más de mil millones de pesos, en solidaridad a la crítica situación financiera de nuestro país. Para hacerlo, renunció a la construcción de dos edificios. También lo hizo en el ámbito local, el IEEA, a través de su presidente, reintegrando a las arcas de la Secretaría de Finanzas, doce o trece millones de pesos. La pregunta obligada para todos esos críticos del costo tan elevado de nuestra democracia debería ser: ¿qué otras instituciones han devuelto remanentes de su presupuesto, sean federales o locales? Ambos institutos son rígidamente vigilados en cuanto a transparencia se refiere, ambos han salido bien librados, pues son ellos los más interesados en transparentar todo su ejercicio en el gasto presupuestado. Y ambos también han dado buen resultado en su quehacer electoral.
EL JUEVES pasado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes aprobó el Presupuesto anual de egresos del instituto, el cual asciende a 92’449,629.64, así como el anteproyecto de presupuesto para el financiamiento a partidos políticos, que en 2018 se repartirán 61 millones 375 mil 46 pesos. Restando lo inherente a los partidos políticos, quedan 31 millones de pesos que serán los destinados a la operación del IEE. Sobre este abultado presupuesto el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval declaró que era un gasto elevado; al parecer el gobernador no le simpatizan los órganos electorales, lo cual ya dejó en claro con la negativa, primero, y el regateo final del presupuesto para el Tribunal Electoral Local. Al parecer ya olvidó que gracias a estos órganos electorales, IEE y Tribunales, es que ganó la elección, pues estuvo cerca de que anularan esos comicios. De tal suerte que hay que estar atentos al recorte que le aplique al presupuesto que pretende el IEE para su operación, considerando que el INE será quien realice la mayor parte de los procedimientos de la elección según declaraciones de su Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
FINALMENTE HABRÍA que solidarizarse con los organismos electorales, pues cumplen un mandato Constitucional, que es ser el árbitro en el proceso electivo por la vía pacífica de dos de los tres poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, sin olvidar los ayuntamientos, único procedimiento eficiente, eficaz y legal hasta ahora conocido. Y bueno, pues del financiamiento público hasta las monarquías son susceptibles de él para heredar el trono.
(*) Gilles Lipovetsky: Anagrama. Colección Argumentos
