Los Rostros Olvidados. La Participación Política Indígena en la Historia de México
Por Alejandro Guadalupe Fierros Benítez
EL PASADO domingo 28 de mayo el Congreso Nacional Indígena (CNI) nombró a María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, como la vocera a su Consejo Indígena de Gobierno (CIG), que será también su aspirante independiente a la presidencia de México en el 2018. Esta noticia tuvo tal impacto a nivel nacional que no tardaron en relucir opiniones encontradas. Por un lado no faltaron los comentarios racistas y misóginos, nada extraño en nuestro país, poniendo en duda la capacidad de una mujer indígena para gobernar a la nación; por otro lado hubo comentarios que negaron la validez de la propuesta por representar a una pequeña parte de la población. Tampoco faltaron aquellos que aseguran que dicha promoción sólo sirve para dividir al padrón electoral en beneficio del PRI o del PAN, afectando principalmente a Morena y a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. (1)
DE ESTA manera puede verse que la participación política indígena resulta de suma importancia: al mismo tiempo que nos recuerda otra cara de la realidad mexicana, aquella que no ha sido integrada en su totalidad al programa nacional, llámese político, económico o cultural; también se ponen sobre la mesa las demandas de un sector de la sociedad que ha vivido rezagado, en condiciones miserables y violentados sus derechos. Sin embargo la participación política indígena ha sido una constante histórica en nuestro país y este pronunciamiento del CNI es un buen pretexto para recordarlo.
LA CONQUISTA de México-Tenochtitlan por las huestes españolas significó el cambio de dominio tanto político como cultural en el continente americano, ya que a partir de ello la Corona española pudo expandirse a lo largo y ancho del continente. Desde entonces los grupos nativos quedaron subordinados a una entidad que los colocó y mantuvo en un estado de inferioridad que perdura hasta nuestros días. Si bien la nobleza nativa tuvo la oportunidad de mantener, en un principio, su posición de influencia, poco a poco esta situación iría cambiando a lo largo del periodo colonial, o si se prefiere, virreinal.
SABEMOS QUE durante la segunda mitad del siglo XVI se dio una reorganización administrativa en la naciente Nueva España respecto a los asentamientos nativos, creándose los llamados pueblos de indios, esto consistió en la concentración de los indígenas en una entidad política denominada pueblos de indios o república de indios un cambio en el antiguo sistema político de señoríos. En cada pueblo de indios, o altépetl, se estableció un cabildo de indios. De manera gradual el cabildo de indios arrebató algunas de las antiguas funciones del cacique y la Corona se mostró a favor de esto con el fin de menguar los privilegios de los caciques-gobernadores. Esta situación desató intensos conflictos entre los caciques y el cabildo de indios o entre aquellos y los nobles indígenas deseosos de encumbrarse en el poder. La cabecera del pueblo de indios fue el centro rector de la población, donde se centralizaron las funciones administrativas y de gobierno, la concentración de la población, la actividad religiosa, del comercio y de la justicia. (2)
POSTERIORMENTE NO faltaron los conflictos por la posesión de la tierra, cuando la población creció y estos pueblos empezaron a ser despojados de tierras por parte de los ricos terratenientes, por lo cual los indígenas, recurriendo a las fórmulas legales, crearon los llamados Títulos Primordiales, (3) en donde se contaba la historia del altépetl, el pueblo, sus pobladores, dirigentes y se delimitaba el territorio. Se trataba entonces de documentos que legitimaban al pueblo sobre su territorio y la posesión de las tierras. No obstante, la corona implementó un programa en 1646 para solventar la crisis financiera y regular la cuestión de la posesión de tierras en la Nueva España (conflictos debidos a la alta mortandad por epidemias y apropiación de tierras): las composiciones de tierras. Se regularizaron los títulos falsos o defectuosos de los propietarios a cambio de un pago a la real hacienda y se detectaron las tierras baldías. Esta política ocasionó que para mediados del siglo XVIII cerca del 90 por ciento de las tierras de los pueblos pasaran a manos de españoles y criollos, sobre todo aquellas que estaban cerca de las grandes ciudades del altiplano central, de manera que para el fines del periodo colonial la mayor parte de las tierras laborales estaban en manos de los españoles.
María de Jesús Patricio Martínez (Foto: Archivo/Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)
A ELLO se sumó un gran número de expropiaciones de bienes territoriales y comunitarios indígenas a partir de la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, donde las cajas de comunidad de los bienes indígenas pasaron a ser administradas por intendentes y subdelegados, las cuales eran además los bancos de ahorros de los pueblos: sus fondos eran destinados a los gastos colectivos (celebraciones civiles y religiosas). La Ordenanza también mandaba arrendar las tierras y propiedades que no se ocuparan en las siembras de la comunidad. Por esto, en 1808, “cuando se difundieron los primeros planes subversivos en el obispado de Michoacán, los representantes de los pueblos de indios se aliaron de inmediato con los cabecillas criollos y mestizos. En 1810, gran parte de los pueblos de indios de esta región se sumó a los ejércitos de Hidalgo y reclamó la devolución de sus bienes”. (4)
LA PARTICIPACIÓN política indígena en el movimiento de independencia fue determinante, puesto que se trató de la mayoría de las fuerzas insurgentes: sus demandas sociales, asumidas por los líderes insurgentes, fueron la restitución de la tierra usurpada, abolición del sistema de castas, igualdad de derechos. No obstante, no se limitó sólo a la lucha armada, puesto que rápidamente encontraron la manera de proteger sus territorios: muchas repúblicas de indios pasaron a ser “ayuntamientos” constitucionales para así tener el derecho de elegir a sus cabildos, administrar la justicia local y ejercer el dominio sobre sus bienes territoriales y recursos económicos. De 1812 a 1821 se pasó de 36 ayuntamientos a 630. (5) No obstante, durante la guerra de Independencia se acentuó tanto el encono racial como la xenofobia. En 1811 se publicó una Representación del Consulado de Comerciantes, donde se argumentaba que la decisión de dejarse representar por el partido criollo era un grave error, ya que los americanos tenían el legado indígena, de sociedades bárbaras, viciosas, degeneradas y que habían sido precisamente la conquista y la colonización española lo que las había redimido. (6)
LA PRIMERA mitad del siglo XIX en México fue caótica, hubo intensos conflictos político-ideológicos, económicos, sociales, religiosos y culturales, en los cuales los pueblos indígenas participaron. Desde finales de 1820 se aprobaron leyes en varios estados que prohibían la propiedad comunal. Se achacaba el atraso de los indígenas a este tipo de propiedad. Con la aplicación de la Ley Lerdo en junio de 1856 que prohibía a los pueblos poseer o administrar inmuebles y ordenaba vender los que tenía, sólo se excluían los inmuebles destinados al servicio público y las tierras ejidales. En la compra de estas tierras se daba preferencia a quienes las tuvieran arrendadas en ese momento. Al poco tiempo de que se aprobara esta ley los indígenas comenzaron a perder sus tierras y los movimientos campesinos no se hicieron esperar.
ASÍ, LA división entre la minoría blanca y la mayoría de color se intensificó a lo largo del siglo XIX, misma que estuvo incentivada por los fracasos políticos y por las innumerables protestas y rebeliones indígenas, aquellas que buscaban defender sus tierras, lenguas, costumbres y tradiciones. Por ello el discurso gubernamental se enfocó en destacar que se trataba de una amenaza contra “la propiedad y la civilización”, puesto que se trataba de proyectos opuestos: propiedad privada e individualismo frente a las propiedades comunales. “En esta campaña, las élites regionales y nacionales propagaron por todos los medios a su alcance la idea de que los indios se levantaban no en defensa propia, sino ofuscados por un odio oscuro a la raza blanca”. (7) Se llegó incluso a proponer expulsar a los indígenas de todas las regiones de frontera y multiplicar a la población blanca, ya que se veía en ellos el mayor lastre que impedía el desarrollo de México, una idea que se prolongó a lo largo de todo el siglo, y el Porfiriato y su filosofía positivista, inspirada en el darwinismo social, no fue la excepción.
POR OTRA parte, la revolución mexicana dio de nueva cuenta la oportunidad para que los grupos indígenas y campesinos se hicieran escuchar y exigir sus derechos sobre la propiedad y el uso del suelo, demandas convertidas en una constante histórica. El Porfiriato explotó la imagen de un país orgulloso de su pasado indígena mientras que los grupos nativos eran explotados y violentados, dejados en condiciones miserables de vida y en muchos casos esclavizados, como ocurrió a los indios yaquis, obligados a trabajar en las haciendas henequeneras en Yucatán. Con el fin del movimiento armado hubo una revaloración de las culturas populares ya que éstas se hicieron visibles, durante el mismo, como elemento fundamental de la mexicanidad, de ahí que el Estado revolucionario se preocupó por crear y difundir una imagen de México que integrara aquellas culturas dentro de la identidad mexicana.
DURANTE LA segunda mitad del siglo XX la participación política indígena cambió como producto de los cambios mismos que vivió el país en esos años. “La ola de protesta indígena inicia en los años setenta, se consolida en los ochenta y explota en los noventa. En promedio, en los setentas se verificaba un acto de disidencia indígena en algún municipio del país de cada once, en los ochenta cada tres y en los noventa cada dos. Salvo el levantamiento del EZLN en 1994, se trata en su mayoría de actos pacíficos de protesta social: denuncias, marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, invasiones de tierras y tomas de palacios municipales y oficinas gubernamentales”. (8) A diferencia de lo suscitado en los siglos pasados, surgieron cientos de organizaciones indo-campesinas, en su mayoría regionales y locales, como estructuras formales de acción colectiva y después de tantas escisiones y fracturas, se logró constituir el Congreso Nacional Indígena el 12 de octubre de 1996.
ESTA REVISIÓN histórica de la participación política indígena da muestra de que se trata de grupos dinámicos que han sabido hacerse escuchar en coyunturas y procesos fundamentales en la historia política del país. En un país democrático como el nuestro, aunque se trate de una democracia en obra negra como la denomina Enrique Krause, las voces de todos los mexicanos deben ser tomadas en cuenta, así como los proyectos nacionales deben de tomar en cuenta diferentes propuestas en beneficio de la mayoría. Además, en el momento histórico en el que nos encontramos, de la globalización, del internet, del calentamiento global, es momento de analizar diferente propuestas de organización que puedan ayudar a mejorar la relación del ser humano con su entorno así como con sus semejantes: tirar la venda que nos ciega ante las condiciones miserables e inhumanas en las que vive una parte considerable de la población nacional, aquella que ha sido infravalorada por sus rasgos étnicos y culturales.
Notas
1.- https://www.nytimes.com/es/2017/05/28/los-pueblos-indigenas-de-mexico-eligen-a-su-vocera-e-irrumpen-en-el-escenario-politico/
2.- García Castro, René, “Los pueblos de indios” en Zoraida Vázquez, Josefina (coord.), Gran Historia de México Ilustrada, tomo II (coord. Bernardo García Martínez), México, Editorial Planeta-De Agostini, 2002, p. 144
3.- Florescano, Enrique, “La reconstrucción de la memoria en las Repúblicas de Indios” en Nexos, marzo del 2014
4.- Florescano, Enrique, Etnia, Estado y Nación, Taurus, México, 2001, pp. 223-224
5.- Ibíd., p. 296
6.- Ibíd., passim.
7.- Florescano, Enrique, Imágenes de la patria, Taurus, México, 2006, p. 250
8.- Trejo, Guillermo, “Indígenas” en Nexos, 1 de enero de 2002
