Por Alfonso Morales Castorena
LA DENUNCIA pública que hicieron los comerciantes establecidos en el andador de la calle peatonal Centenario, en torno al funcionamiento de la negociación Punto y Coma como una cantina más en la cabecera municipal, en lugar de aplicar su explotación a la licencia reglamentada expedida a nombre de Jesús Serna Esparza como restaurante-bar, no solo provocó furiosa reacción de la dueña del lugar, Edith Cristina de Lara Martínez, sino que llevó al presidente municipal, Javier Luévano Núñez, a la aplicación de la Ley Mordaza para acallar voces informativas, oficiales y no oficiales.
EN EL PRIMERO de los casos, la comerciante achacó “la revolución mercantil en su contra” a su competidor y dueño de la cantina Ultramarina y al estilista del andador peatonal, a quienes “demandará” ante las instancias del caso “para que la dejen en paz” y si es posible que “paguen con cárcel su intromisión en sus asuntos comerciales”.
LA MUJER no toma en cuenta que los varios años de escándalos constantes, ruido incesante a volumen ensordecedor, las riñas callejeras y los constantes enfrentamientos verbales de borrachos y damiselas que acuden a “su cantina”, como ella la llamó; no han mermado la capacidad combativa –en el buen sentido de la palabra– de quienes tienen sus negocios en ese andador, al frente del bar y a un lado del lugar y que ya están cansados de soportar “tanta alegre fiesta”.
SIN EMBARGO, antes de dar a conocer públicamente el víacrucis comercial que viven día con día, los afectados todavía confiaron en su presidente municipal, Francisco Javier Luévano Núñez, y su entonces director de Gobernación, Francisco Martínez, hoy flamante diputado electo, para que tomaran cartas en el asunto “y resolvieran esa grave problemática social”.
SÓLO QUE el flamante alcalde no movió un dedo para atenderlos, delegó en su director de Gobernación Municipal la responsabilidad de resolver el asunto y éste, a su vez, se lavó las manos, les prometió el apoyo que demandaban y al paso del tiempo se olvidó del caso y “heredó” el problema a su sucesor, Omar Williams López Ovalle, quien a cuatro meses de asumir el cargo “apenas se enteró del problema”.
Y A DECIR de los irritados comerciantes, cuando menos López Ovalle ya asomó la cara y dispuso del sorpresivo recorrido de supervisión y vigilancia del pasado fin de semana, el primero que se ejecuta desde que Javier Luévano está al frente de la Presidencia, que puso a temblar a varios dueños de bares y cantinas, que suponían que al “cumplir con la cuota para el alcalde todo era miel sobre hojuelas” y no que “alguien vendría a taparle el ojo al macho” y nos dejaría la duda de “su buen actuar”.
A SU FAVOR habrá que abonarle, según comentaron los comerciantes, que el nuevo director de Gobernación Municipal nos prometió que los operativos de supervisión y vigilancia serán permanentes y que se llegará hasta sus últimas consecuencias “en caso de que los dueños de los antros persistan en violar permanentemente el reglamento de Control Reglamentario”.
POR ESO al tratar de conocer más del asunto en la Presidencia Municipal, luego de que las mujeres de la tercera edad, Otilia y Pachita, nos confiaran las penurias que también ellas han vivido por la existencia de muros de la cantina Punto y Coma que colindan con los patios traseros de sus casas, nos informaron que todas las voces informativas oficiales que pudieran ampliar el horizonte del asunto, “se mantenían en reuniones urgentes de trabajo a puerta cerrada” y no iba a ser posible que se me atendiera.
POR LO BAJO me indicaron que tenían instrucciones de negar cualquier petición de entrevista con los titulares de las dependencias que tienen a su cargo la vigilancia y supervisión de cantinas, bares, centros botaneros y ladies bar en la comunidad, pero que la negociación Punto y Coma seguiría “trabajando como una emborrachaduría más en la comunidad”.